En 2016, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue galardonado con el codiciado Premio Nobel de la Paz, por su muy conocido acuerdo con el grupo guerrillero de izquierda, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, desde entonces más de 300 activistas de grupos sociales han sido asesinados a lo largo de Colombia, y la frecuencia de dichos actos violentos parece ir en aumento.
En el fin de semana del 4 y 5 de agosto dos líderes sociales fueron asesinados en la región de Antioquía, Alfredo Alonso Ruiz Higuita y Hermán Darío Chavarría Areiza. Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), solo en esa región, ha habido más de 21 asesinatos en 2018. En todo Colombia, varias ONG han reportado más de 100 y contando en este año.
La mayoría de estos asesinatos han sido llevados a cabo en zonas rurales antes bajo control de la guerrilla —específicamente Cauca Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca— estos nidos de conflicto que han experimentado brotes de violencia recientemente. Sin embargo, más líderes han sido asesinados en casi todas las demás regiones del país.
Se presume que los asesinatos de grandes líderes sociales son para evitar la estabilización local que teóricamente tendría que llegar con el acuerdo de paz. En el desorden de la desmovilización de la guerrilla, otros grupos con objetivos inicuos han intentado tomar el poder.
“En muchos casos, la actividad criminal ha incrementado en el último caso (de Higuita y Areiza) porque el vacío dejado por la inmovilización de FARC no la ha llenado el gobierno”, declaró William Spindle, representante del Alto Comando de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Los derechos de propiedad son un problema crítico. En el pasado, aproximadamente 80 por ciento de las víctimas han presentado su testimonio en contra de la asignación desigual de propiedades en las áreas de pobreza, principalmente a expensas de las políticas extractivistas. Tal vez los líderes sociales puedan tener razones para no confiar en el gobierno: algunos activistas creen que la razón de esta nueva ola de violencia deriva de las recientes elecciones presidenciales, donde el derechista Duque le ganó a el ex miembro guerrillero Gustavo Petro. Similar a la era de Trump en los EEUU, muchos de los grupos de derecha han sido inspirados por el triunfo del régimen.
“Este tipo de asesinatos habían desaparecido para los colombianos hacia mucho tiempo, pero ahora están de vuelta y comenzaron después de las elecciones presidenciales en las cuales Iván Duque ganó como el nuevo presidente”, declaró María de la Torre, columnista para el periódico El Tiempo, “Ni él, ni (el presidente anterior) Santos, han dicho una palabra acerca de los asesinatos de estas personas que solamente están luchando por el pueblo y por los derechos de los más débiles y vulnerables en Colombia”.
La impunidad y carencia de justicia hacia las víctimas permanece altamente presente. En la gran mayoría de los casos, los delincuentes no son ni conocidos ni perseguidos por las autoridades.
“Lo que estamos viendo es que en los países en donde no hay orden social, es muy difícil luchar contra la impunidad. Es importante entrenar a los jueces y pagarles buenos salarios para que no estén tentados a recibir sobornos, y estén dispuestos a luchar efectivamente en contra de la impunidad”, explicó Michel Forst, reportero especial de los derechos humanos en las Naciones Unidas.
Muchos creen que los grupos paramilitares —un gran problema en Colombia— son los principales culpables. En julio, un grupo paramilitar de extrema derecha conocido como Águilas Negras, lanzó una amenaza a todos los líderes sociales quienes ellos consideran “guerrillas disfrazadas”. La declaración, circulada en las redes sociales a lo largo de Colombia, creó una amenaza visible para aquellos que van en contra de sus intereses:
“Las organizaciones guerrilleras y sus líderes van a desaparecer. Nuestro país no puede ser casa de guerrillas y milicias disfrazadas como supuestos líderes sociales”, se lee en la declaración. “Por esta razón, hemos comenzado nuestros esfuerzos de exterminación en todo el territorio Colombiano, y nada ni nadie nos va a detener”.
Por su parte, Duque ha realizado declaraciones en contra de la violencia. En una reunión con el Defensor del Pueblo Colombiano, Carlos Alfonso Negret, expuso sus intenciones: “Nosotros vamos a trabajar juntos para evitar los asesinatos de líderes sociales, para trabajar con las comunidades nativas y campesinas, y para que no existan más violaciones de los derechos humanos en Colombia”.
Activistas tanto dentro como fuera del país se están movilizando para hacer conocido el conflicto. Líderes sociales sobrevivientes han organizado una campaña en Twitter llamada #NosEstanMatando para así incrementar la conciencia social sobre el conflicto. Se han organizado protestas en Bogotá y se han expandido a lo largo de otras regiones del país.
Los líderes sociales colombianos continúan peleando aún con la posibilidad latente de morir, pero es incierto cuánto más podrán continuar.
“Estoy aquí porque la única cosa que me mantiene para resistir es la cantidad de personas que simpatizan con nosotros”, dijo Catherine Rivera, estudiante universitaria, durante un mitin organizado en Bogotá el mes pasado. “Solamente podemos resistir”.
Michael Middleton es pasante en El Tecolote y estudiante de maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de San Francisco. Actualmente vive en Medellín, Colombia, donde pasará el verano con el fin de realizar investigaciones para su proyecto final.