Intentos de modificar la ordenanza de ciudad santuario, que permitiría una mayor protección de jóvenes indocumentados acusados de conducta criminal ante la deportación, se han paralizado como consecuencia de un conflicto entre la junta de supervisores de la alcaldía y la oficina del alcalde.
El supervisor David Campos argumenta que los oficiales de libertad condicional deberían contactar a los oficiales de inmigración sólo después de que un joven haya sido sentenciado por un delito grave, y no en el momento del arresto.
Campos introdujo una enmienda a la ordenanza el pasado 18 de agosto de 2009 e hizo un llamado para una audiencia pública en la alcaldía para el 4 marzo.
“Me siento decepcionado que estemos en esta posición”, dijo Campos. ¿Cómo es que después de que se aprobara una ley, ahora tenemos involucrarnos en una audiencia? El departamento de inmigración entiende que se debería permitir un procedimiento legal. Incluso Washington lo ha comprendido. Estamos hoy aquí porque la oficina del alcalde no acaba de entenderlo”.
La junta de supervisores de la alcaldía de San Francisco aprobó la enmienda a la ordenanza referente a la confidencialidad del estado migratorio de los jóvenes el pasado 10 de noviembre de 2009, pero el alcalde Gavin Newsom la vetó y aún tiene que ser puesta en marcha.
William Siffermann, jefe de oficiales de libertad condicional del Departamento de Libertad Condicional para Jóvenes (JPD por sus siglas en inglés), declaró que sólo pueden poner en marcha enmiendas a la ordenanza si cumplen con las leyes estatales y federales, y la oficina del fiscal municipal le advirtió que si lo hiciera podría haber consecuencias legales.
“El departamento no puede modificar las presentes prácticas de la política”, dijo Siffermann. “Creemos que esa modificación iría en contra de la ley federal.”
El JPD sigue una política que permite a sus oficiales notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) cuando procesan a alguien y tiene razones para pensar que esa persona no es ciudadana de los EEUU, siempre y cuando esa sospecha no esté basada sólo en la apariencia o incapacidad de hablar inglés del arrestado.
Siffermann declaró que los oficiales también podrían denunciar a otros jóvenes indocumentados presentes en el área durante el momento del arresto.
Campos preguntó cómo alguien puede saber si una persona carece de documentos simplemente mirándolos.
“¿Está sugiriendo que las personas con apellidos en español podrían ser indocumentadas?”, dijo Campos. “¿Se da cuenta cómo eso podría conllevar a prejuicios de talante racial?”
Siffermann reconoció que, aunque tratan igual a todos los jóvenes, denunciar a jóvenes inmigrantes al momento de arrestarles podría conllevar prejucios raciales, pero que se podrían evitar mediante una atención cuidadosa.
Entre las personas que intervinieron durante la audencia estaba Charles Washington, cuyo hijastro de 13 años de edad fue denunciado al ICE después de un incidente menor de acoso en la escuela. El chico agarró 46 centavos de otro muchacho y, conforme a la política del alcalde Newsom, lo denunciaron inmediatamente al ICE nada más arrestarlo, deteniendo el proceso judicial que lo hubiera llevado a un tribunal de menores.
La esposa de Washington y sus dos hijos, de 13 y 5 años de edad, iban a ser deportados de regreso a Australia, a pesar de que la familia reunía los requisitos legales para conseguir la residencia permanente en los EEUU. La familia Washington compartió su historia con la prensa el pasado 1 de marzo, apenas unos días antes de la audiencia.
“No creo que es justo para nadie, sea o no estadounidense, que lo denuncien por cualquier razón que se base únicamente en acusaciones y no en una condena”, dijo Washington. “La política del alcalde a traido consigo una ansiedad y penuria innecesarias en nuestra familia.”
Autoridades federales otorgaron a la familia una extensión de 60 días para permitir que llegara su solicitud de residencia el 3 de marzo, de manera que ya no afrontan la deportación.
Gabriel Calvillo, presidente de la Asociación de Oficiales de Libertad Condicional para Jóvenes, dijo que sus oficiales están atrapados en medio de la disputa.
“Nadie quiere ver a familias desgarradas” dijo. “Pero se puede acusar a los oficiales. Si se libera a un joven y luego comete un crimen, ese oficial entonces está metido en problemas.”
Una oficial de condicional que intervino durante la audiencia declaró que los han entrenado para asegurarse de que el proceso es conducido de manera legal. Dijo que no hacen demasiadas preguntas, pero que tienen que averiguar dónde están los padres del joven y preguntarles sobre los detalles de su seguro social.
Angela Chan, abogada en plantilla de la organización Asian Law Caucus que representa a la familia Washington, dijo que la política del alcalde agrava y acrecenta las políticas de un sistema migratorio disfuncional.
“Hasta que el alcalde Newsom restituya el derecho a un proceso legal para todos los jóvenes en San Francisco, se romperán muchas más familias trabajadoras como la de los Washington”, declaró.
Alex Emslie contribuyó en la redacción de este artículo.
—Traducción Iñaki Fdez. de Retana