Uniéndose a un día de acción en todo el estado para exigir la liberación inmediata de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cientos de manifestantes llenaron la Plaza Embarcadero de San Francisco el 8 de agosto y luego marcharon hacia la sede de ICE de San Francisco en el 630 de la calle Sansome.

Varios activistas, incluidos médicos, artistas y políticos se dirigieron a la multitud, pidiendo al gobernador Gavin Newsom liberar no solo a los niños y los médicamente vulnerables, sino a todos los detenidos de las instalaciones de aquella agencia, así como suspender los traslados en las prisiones de California, una práctica que ha llevado a un aumento propagación del COVID-19.

El día de acción siguió al arresto de catorce activistas que se encadenaron juntos afuera de la casa de Newsom a fines de julio, exigiendo liberar prisioneros a medida que el COVID-19 se propagaba por las cárceles y centros de detención de California.

“ICE continúa reteniendo a personas, familias incluso niños que huyen de situaciones desesperadas y simplemente ejercen el derecho humano a migrar”, dijo AJ Napolis, del Comité para Cerrar los Campamentos y Liberar a los Niños, en un comunicado de prensa. “La COVID-19 ha empeorado las condiciones”, continuó Napolis, “sin oportunidad de distanciarse socialmente de forma segura, y el gobernador Newsom está durmiendo en el trabajo”.

Las cárceles y las instalaciones de ICE han sido ampliamente criticadas por las condiciones inseguras y el hacinamiento. Para compensar, el Centro de Detención de Adelanto de ICE cerca de Los Ángeles supuestamente ha estado rociando desinfectante de grado industrial HDQ Neutral cada 15-30 minutos, causando erupciones y sangrado en la nariz, según las quejas recibidas por organizaciones pro derechos de inmigrantes.

La protesta fue patrocinada por Bay Area Free Them All Coalition y apoyada por otras organizaciones de derechos de los inmigrantes, incluido el San Francisco LowRider Council, que encabezó una caravana de más de veinte automóviles por la ciudad y llevó a los manifestantes hasta la calle Sansome donde se ubica la sede  hasta de ICE.

“Está muy claro que no nos enfrentamos a una, sino a dos pandemias: la COVID-19 y esta crisis humanitaria”, dijo Patricia Bahamonde, directora ejecutiva del Global Refugee Relief Fund, que apoya a las organizaciones de voluntarios de base.

Elevándose sobre la multitud se observaba un títere de Newsom de cuatro y medio metros de altura envuelto en negro, sosteniendo un reloj de arena en una mano y en la otra, una llave. Al llegar a la sede de ICE, los manifestantes comenzaron a sumergir sus manos en pintura roja y plasmaron lo que parecían huellas de manos ensangrentadas en las paredes del edificio. Otros empezaron a pintar un mural en el asfalto que decía simplemente: “LIBÉRENLOS”.

Los oradores exigieron a Newsom suspender los traslados hacia las instalaciones de ICE, que corren el riesgo de una mayor propagación del COVID-19 entre la población de esos centros de detención, pero también en otros países, toda vez que dicha agencia ha continuado las deportaciones de inmigrantes durante la pandemia.

Con más de 21 mil detenidos bajo custodia en todo el país, ICE informa 4,743 casos positivos por el COVID-19 y cinco muertes desde que comenzaron las pruebas en febrero; sin embargo, su sitio web indica que algunas de estas personas ya no están bajo su custodia, lo que significa que podrían estar entre los probables miles deportados desde que comenzó la pandemia.

Es probable que ICE haya realizado al menos 232 vuelos de deportación a países de América Latina y el Caribe entre febrero y mayo de este año, según el Centro de Investigación Económica y Política. Mientras tanto, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California ha informado de 9,736 casos confirmados hasta el 20 de agosto, con más de mil nuevos casos solo en las últimas dos semanas.

En julio, más de cuarenta asambleístas, senadores estatales y legisladores locales en el estado, firmaron una carta dirigida al gobernador, solicitando emita una orden ejecutiva para detener las transferencias hacia las instalaciones de ICE. El ex supervisor del Distrito 11, John Avalos, dijo que Newsom no es el único político con el poder de cerrar las instalaciones de esa agencia y liberar a los detenidos. Señalando la oficina de ICE, dijo: “Este edificio de aquí está retenido por todos los que trabajan para el gobierno federal”.

“Estamos en medio de un genocidio de 550 años”, continuó Avalos, comparando la inacción del gobierno para detener la propagación del COVID-19 a cuando los colonizadores europeos dieron mantas infectadas de viruela a los pueblos indígenas de América.

El supervisor del Distrito 10, Shamann Walton, reunió a la multitud sobre cómo luchar contra el “régimen tiránico” del país. “Lo haremos alzándonos y marchando; lo haremos yendo a las urnas en noviembre, asegurándonos de mostrar y demostrar nuestras voces, a través de nuestros votos”. Finalmente, muchos oradores expresaron su decepción por la falta general de humanidad de ICE.

 La doctora del UCSF y miembro de la Coalición Do No Harm, Adali Martínez, mencionó que la deportación de su padre cuando ella era una niña causó sólo una fracción del trauma que muchos están experimentando con las deportaciones de inmigrantes de ICE: “Mientras mayor trauma enfrente, más probabilidades tendrá de tener enfermedades crónicas como asma y obesidad. Y el gobernador Newsom también lo sabe”, dijo Martínez. “Porque el Cirujano General de California ha dedicado su carrera a abordar el trauma”.

La asistente legal y autodenominada “DREAMer” Judith García y su hija de 6 años, Abigail, estuvieron de acuerdo con Walton y Martinez: “Esto es probablemente lo peor que ha sido”, dijo García, y explicó que aunque no puede votar, los políticos deben rendir cuentas. Mientras tanto, su hija, que le llega a la cintura, interviene: “Las familias no pueden separarse”.

La Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM) que proporciona a los inmigrantes venidos a los EEUU siendo menores de edad,  un camino hacia la residencia o el empleo legal, fue deliberada por el Congreso durante 18 años antes de que una versión se convirtiera en ley en 2019.

García sostenía un letrero que decía “Esa edad tenía cuando violé la ley”, con una flecha apuntando hacia Abigail, de 6 años, en cuyo letrero se leía: “Así es como se ve un infractor de la ley”.