Paula Tejeda, dueña de Chile Lindo, habla en una reunion a favor de los negocios locales en la plaza del BART de la calle 24 y Misión.

Un grupo de dueños de pequeños negocios del barrio de la Misión convocó una rueda de prensa el pasado jueves 9 de septiembre para tratar lo que consideran demandas rapaces interpuestas por un abogado y su cliente que están abusando del ‘Acta estadounidense para personas con discapacidades’ (ADA por sus siglas en inglés).

El sol de las cuatro de la tarde mantuvo la esquina de las calles 24 y Misión templada, pero las emociones de los comerciantes estaban calientes. Dijeron que Thomas Frankovich, abogado litigante ubicado en San Francisco, y su cliente con discapacidad, Craig Yates, quienes llevan a juicio por violaciones del ADA, los están persiguiendo y tratando injustamente.

Paula Tejeda, propietaria del negocio de empanadas Chile Lindo, fue la organizadora de la rueda de prensa junto a otros comerciantes. Tejeda tuvo que cerrar brevemente las puertas de su negocio el pasado mes de agosto como consecuencia de un reclamo de Yates por violar los estatutos del ADA. Después de una amplia cobertura mediática, volvió a abrir las puertas del negocio pero ya no puede recibir a sus clientes dentro del local.

“Estas son demandas serias que conllevan serias penurias a estos negocios. Las dificultades a que se están enfrentando ahora los pequeños negocios están haciendo que nos unamos para que de alguna manera podamos enfrentarnos a ello como comunidad”, declaró.

Yates, parapléjico que se mueve en una silla de ruedas, ha presentado casi 70 demandas desde inicios del año pasado, concentrándose en pequeños negocios a lo largo y ancho de la ciudad, incluyendo muchas en la Misión.

Los propietarios de Pupusería Elsy, Café Gratitude, Red Café y los caseros de Pete’s BBQ asistieron a la rueda de prensa frente a la estación de BART. Expresaron varias de sus experiencias y preocupaciones por lo que está sucediendo.

Frankovich, en una entrevista telefónica, dijo que siente ninguna simpatía por las personas demandadas y que el barrio de la Misión no tiene nada de “especial” en lo que se refiere a enfocarse injustamente. El enfoque, declaró, son las personas con minusvalías, quienes son las más vulnerables. Considera que los caseros y propietarios que no hacen que los negocios de los inquilinos cumplan con los mandatos del acta son “personas que se burlan de la ley”.

El gobierno federal de los EEUU promulgó el acta ADA para asegurar los derechos civiles de las personas con minusvalías. El título III del acta exige que las personas con minusvalías tengan derecho a los mismos bienes y servicios que el resto de la población.

También obliga a que la accesibilidad se pueda “lograr fácilmente” —es decir, estableciendo mejoras sin que haya que incurrir en gastos excesivos que pudieran dañar el negocio. El determinar qué es “lograr fácilmente” a la hora de ser demandado, sin embargo, sólo se puede determinar en un juicio o en un acuerdo extrajudicial de acuerdo —que pueden resultar caros.

Regina Dick-Endrizzi, directora ejecutiva de la oficina para pequeños negocios de la alcaldía de San Francisco, también hizo acto de presencia en la rueda de prensa y declaró que hay maneras en que los dueños de negocios se pueden proteger a sí mismos. Su oficina está tratando de hacer llegar su mensaje al público y educarlo.

Dick-Endrizzi dijo que una de las tácticas de Frankovich es llevar a juicio conforme a violaciones al acta basadas en nuevos estándares del código de construcción que incluso no incumbiría a edificios más antiguos. “Pero es algo que no vas a saber a no ser que tengas un abogado”, declaró.

Esto es lo que le sucedió a Jaime González, propietario de la pupusería Elsy’s. Él y su esposa han gastado ya $7.000 en pagar a abogados después de que Yates los llevara a juicio por violaciones conforme al acta. González dio que los códigos de construcción que citó Yates no conciernen a su edificio, aunque aún están negociando una resolución del caso.

González declaró que su esposa tenía miedo de que él hablara durante la rueda de prensa. Ella no quería que él asistiera, pero él, de todas maneras, quiso hacer declaraciones.

“Trabajamos muy duro para nuestra familia, ¿y alguien va a venir y pedirnos $23.000 así nomás?”

Aunque todo el mundo está de acuerdo con el acta de minusvalías y el objeto de su propósito, dueños de pequeños negocios piensan que se la está abusando a costa de ellos. El objetivo de Frankovich, declararon, es conseguir dinero, no accesibilidad par alas personas con minusvalías.

“El ‘Acta estadounidense para personas con discapacidades’ existe por una verdadera razón y es importante”, declaró Henri Norris, copropietario de Café Gratitude, “y siempre hay que contar con hacer malabarismos. A mí me da la impresión de que lo que están haciendo es simplemente tratar de sacarse unos dólares.”

Frankovich también defendió los derechos de su cliente Yates. Dijo que la ley estipula que una persona con minusvalía pueda comprar los servicios de un abogado privado para imponer la ley.

“Él gasta sus bienes y servicios y ha hablado con muchos de ellos [propietarios]. ¿Qué recursos tiene? Él [Yates] envía 2, 4, 6 cartas y ellos no han hecho nada”, declaró. “Se merecen que los llevan a juicio.”

Alice y Andy Giovannini, los caseros del negocio Pete’s BBQ, dijeron que menos de tres semanas después de que Yates les llamara la atención, corrigieron las violaciones al acta. Pero a pesar de los cambios, Yates todavía les pide $30.000.

El acta del ADA solamente exige al demandante estar autorizado a que se remedian las violaciones al acta, más los gastos del abogado. Pero en California, conforme al acta Unruh, la persona demandante también puede reclamar una cantidad de $4.000 por cada violación —que rápidamente se pueden amontonar.

Dick-Endrizzi dijo que esta acta es exclusiva del estado de California y involuntariamente otorga a Frankovich —abogado especializado en lesiones personales en el pasado— la capacidad de utilizar medios para emprender litigios exitosos y lucrativos. Pero al mismo tiempo deja a los pequeños negocios en una situación de vulnerabilidad.

En el año 2005, un juez federal con jurisdicción en el sur y centro de California prohibió a Frankovich representar a clients sin el permiso del juez. Frankovich presentó demandas, sino idénticas, sí similares, en ese distrito mientras que que representaba a un cliente uqe actuaba en el mismo papel de Yates. A ese cliente también se le prohibió presentar más demandas.

Dick-Endrizzi dijo que Yates, por lo general, aparecía en un negocio y comenzaba a hacer observaciones sobre violaciones al acta. Entonces, enviaba una carta a los propietarios y si no se arreglaban las violaciones, demandaba a los propietarios, al casero o a ambos con la ayuda de Frankovich como abogado.

Dijo que las demandas, por lo general, se presentan contra los caseros —no los negocios en sí mismos— y añadió que muchos caseros son dueños de sus propiedades desde hace 20 años pero no han hecho nada para posibilitar el acceso a personas con minusvalías.

“¿Qué han hecho durante 20 años de estar alquilando?’, dijo. “Dicen ‘Es que no nos lo podemos permitir’. Eso es paja. Y algo que está mal.”

En el caso de Café Gratitude, Norris —que también resulta ser abogado— declaró que nunca recibieron una carta. Lo único que recibieron fue una demanda de parte de Frankovich diciendo que tenían 30 días para responder.

“Vamos a pelear”, declaró, “porque es lo que hay que hacer”.

Dick-Endrizzi también dijo que es importante que si un negocio recibe una carta de un cliente reclamando dificultades para acceder al negocio, debieran responder cuanto antes y no dejarla pasar.

Frankovich, a pesar de postura de línea dura, dijo que hablaría de manera voluntaria con los dueños de pequeños negocios en la Misión en algún tipo de foro si se lo ofrecieran. Dijo que trataría los temas de requerimientos de conformidad con el acta y cómo evitar demandas.

Tejeda finalizó la rueda de prensa diciendo que la misión inmediata es difundir el mensaje de lo que está sucediendo a estos negocios y lograr que los supervisores del distrito “pongan de relieve” a estos negocios para que la comunidad les pueda brindar su apoyo gastando su dinero en ellos. Dijo que son importantes tanto el apoyo emocional como financiero.

Emocionada, Tejeda dijo que “los dueños de los negocios tienen que saber que no están solos. Necesitan saber que a la gente le importa lo que está sucediendo, porque es horroroso”.

También arremetió contra “abogados inmorales” que pretenden defender a la comunidad como “chulos de la comunidad”. Pero a pesar de su enojo y frustración, Tejeda declaró que quiere mantenerse en el punto de mira.

“Queremos enfocarnos en ayudar a los negocios a superar esto. Más que luchar contra Frankovich y todos aquellos que se le parecen, queremos enfocarnos y mantenernos positivos y brindar nuestro apoyo a los pequeños negocios. Creo que esto es en lo que queremos canalizar nuestra energía.”

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