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Demanda alega reiterados abusos contra los ‘janitors’ en tiendas Ross
Tienda Ross Dress for Less en el centro comercial Westlake en Daly City. Foto Alexis Terrazas
[FÉ DE ERRATAS: la versión original de este artículo publicado en línea el 2 de diciembre contenía errores que han sido corregidos]

Por Iñaki Fdez. de Retana

Trabajadores que limpiaban tiendas de ropa Ross Dress for Less en el Área de la Bahía sufrieron abusos laborales sistemáticos, conforme a un caso abierto en San Francisco en septiembre de 2013 que los demandantes solicitaron el pasado octubre se trate como una demanda colectiva.

Los abusos laborales los propiciaron supuestos contratos que Ross, la cadena de tiendas de ropa radicada en Dublin, California, realizó con la empresa de limpieza y mantenimiento USM, de Pennsylvania, para los cuales destinó fondos insuficientes como para asegurar apego a la ley.

USM subcontrató el servicio a varias empresas menores para llevar a cabo la labor de limpieza, y éstas supuestamente abusaron de los trabajadores en forma de impagos, cheques sin fondo, pagas inferiores al salario mínimo y demás vejaciones.

“Es un gran problema que afecta sobre todo a trabajadores vulnerables de bajos ingresos, en su inmensa mayoría latinos”, dijo la abogada Joanna Shalleck-Klein de Legal Aid of Marin, radicada en San Rafael, California, uno de los grupos que interpuso la demanda. “Las subcontratas son una de las mayores causas de violación de los derechos laborales en este país”.

Ada Cañez, salvadoreña, trabajó para dos empresas subcontratadas por USM, CleanMex y García Janitorial. Limpiaba la tienda de Ross de Redwood City, por lo que recibía una cantidad fija de $450 al mes por más de 80 horas trabajadas, el equivalente a apenas $5 a la hora. En los pagos no figuraban ni deducciones por impuestos ni un desglose por horas.

Y el último mes y medio trabajó “de a gratis”.

“A lo ultimo ya no me pagaban, decían que no tenían dinero… ni contestaban el teléfono”, dijo Cañez al hablar de García Janitorial. “Llevé a gente a trabajar conmigo y quedé mal porque no les pagaron tampoco, ¡y a mi me andaban cobrando!”.

La demanda judicial interpuesta en la Corte Federal del Distrito para el Norte de California no es contra las empresas pequeñas subcontratadas, sino contra las grandes, USM y Ross.

Megan Ryan, una abogada del bufete Goldstein, Borgen, Dardarian & Ho, el radicado en Oakland que presentó la demanda judicial en conjunción con las organizaciones Legal Aid of Marin, Stanford Community Law Clinic, y Chavez Gertler LLP, explicó que el caso se refiere a una ley relativamente nueva que “se creó para responsabilizar a empresas como Ross que están en lo alto de pirámides de subcontratas”.

La sección 2810 de la ley laboral del estado de California, que entro en efecto el primero de enero de 2004, estipula que una persona o entidad no puede contratar un trabajo o servicio a sabiendas de que el dinero destinado a ello es insuficiente como para que el contratista cumpla con las leyes.

“Tantos y tantos trabajadores que sufren de abusos, pero resultaba tan difícil reclamar nada de los subcontratistas”, dijo Ryan. “Si abaratan tanto sus contratos que no destinan dinero suficiente, ahora se los puede hacer responsables”.

Federico Vilchiz Vasquez, originario de Michoacán, México, limpiaba todas las mañanas la tienda Ross de Livermore, California, trabajando para New Generation Maintenance, empresa subcontratada por USM.

“En ocasiones llegaba a recoger el cheque y no lo tenían listo; o nos los daban, íbamos al banco, y no había fondos”, dijo Vilchiz Vasquez. “No fuimos ni dos ni tres sino muchísima gente a quienes nos hicieron esto… a los que pulían el piso por la noche también”.

Shalleck-Klein piensa que la demanda ayudará a miles de trabajadores de limpieza en California.

“Más del 90 por ciento de los pagos analizados que los subcontratistas recibieron de USM para proveer servicios de limpieza eran insuficientes como para que se cumpliera la ley”, dijo Shalleck-Klein.

Ni representantes de la cadena de tiendas Ross ni sus abogados defensores del bufete Drinker Biddle en Washington DC respondieron a preguntas acerca de la demanda judicial.

El juez encargado del caso, Juez de Distrito, James Donato, decidirá el próximo 17 de diciembre si se acepta la demanda colectiva y cómo se procede con el caso.

“Yo sentía abuso, pero como inmigrante una lo sufre”, dijo Cañez. “Lo que me duele es que hay injusticia, es lo que me tiene luchando”.

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