La campaña de Joe Biden para la presidencia volvió a confirmar la semana pasada, su compromiso con una suspensión durante cien días de deportaciones en caso de resultar electo presidente en noviembre.
“Como [Biden ha] dicho antes, como presidente está comprometido… con una moratoria de cien días para las personas que viven y trabajan en los EEUU”, dijo su portavoz de campaña Jennifer Molina en un correo electrónico enviado la semana pasada a El Tecolote.
Biden, de 77 años, propuso por primera vez la moratoria en febrero durante una reunión organizada por CNN en la que participó este candidato presidencial demócrata la cual fue transmitida en vivo desde Las Vegas en la víspera de la Asamblea de Nevada.
El entonces vacilante candidato del establishment, vilipendiado por muchos demócratas progresistas por su moderación, le dijo a la audiencia: “Nadie será deportado en mis primeros cien días”, quedando su promesa como una aseveración confusa respecto a los delincuentes convictos.
La noche después, Biden cenó con un grupo de activistas latinos y agentes políticos en una taquería local. Allí, reafirmó su promesa a Mayra Macías, directora ejecutiva del Latino Victory Fund, quien, según algunos, fue la primera en sugerir la moratoria al candidato.
“Mayra realmente merece mucho crédito”, dijo una fuente que estuvo presente esa noche. “Le preguntó al vicepresidente frente a todos los presentes si estaba comprometido al cien por ciento con la moratoria. Dijo que sí y parecía totalmente sincero al respecto”.
Al día siguiente, sábado 22 de febrero, su campaña fue derrotada en la Asamblea de Nevada por el apoyo latino al senador Bernie Sanders, quien ganó el estado con el 47 por ciento de los votos contra el 20 por ciento para Joe Biden.
Esa tarde, el Latino Victory Fund emitió una declaración conjunta con la campaña de Biden que decía: “El vicepresidente Joe Biden está plenamente comprometido con una moratoria de 100 días sobre cualquier deportación de personas que ya se encuentren en los EEUU”.
Un portavoz de campaña no identificado negó, inicialmente, a Buzzfeed News que la moratoria fuera ahora una política de campaña, antes de revertirse para confirmar su apoyo permanente, que según los expertos en leyes de inmigración está dentro de los poderes de la presidencia, si fuera el caso, para que Biden así lo declarase.
“Los procedimientos de deportación están en la corte de inmigración”, dice la reconocida abogada defensora de inmigrantes Amy Maldonado. “Entonces el presidente puede simplemente decirle al fiscal general: ‘Vamos a pausar todos los procedimientos, revisar dónde estamos y evaluar los próximos pasos’’’.
“Sabemos que están ocurriendo abusos”, dice Maldonado con respecto a la cultura de abuso desenfrenado de padecen los detenidos en nuestra máquina de deportación. La moratoria de Biden es una sorprendente desviación al fallido libro de jugadas de la coalición de Obama para castigar a los inmigrantes, a fin de ganar simpatía entre los republicanos moderados.
Las agencias de primera línea en la maquinaria federal de deportación, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han crecido prácticamente sin control en Washington bajo el cobijo del Congreso y la Casa Blanca, desde la Ley de Seguridad Nacional de 2001.
Armados, envalentonados, autónomos y experimentados en el despliegue del terror autoritario entre las comunidades de inmigrantes, ICE y CBP se encuentran ahora entre el mosaico federal de unidades policiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desplegadas por la administración Trump para ‘desaparecer’ ciudadanos manifestantes pacifistas en minivans no identificadas en ciudades como Portland, Oregon.
El DHS tiene más que perder con esta promesa que Biden da a los votantes latinos. Más allá de los cambios funcionales dentro de las operaciones de la agencia el primer día de su presidencia, la moratoria desafiaría instantáneamente las suposiciones mantenidas desde hace mucho tiempo en Washington sobre la inevitabilidad de financiar ICE, por ejemplo, o más ampliamente, sobre el patriotismo inherente del DHS.
Nunca ha habido un desafío significativo a las deportaciones en Washington, al menos no en la memoria reciente. La moratoria de Biden sería un primer paso sin precedentes, uno que podría restablecer el cálculo en la actual política federal de mantener a millones de familias inmigrantes trabajadoras viviendo a la sombra de la economía pandémica.