(Desde la izquierda) Paul Monge, de la oficina de David Campos; José Artiga, director ejecutivo de SHARE El Salvador; la abogada Ana Montano; David Campos, Supervisor del Distrito 9; y el director ejecutivo de CARECEN, Lariza Dugan-Cuadra, reunidos para discutir la resolución para solicitar a El Salvador la protección de los derechos humanos para miembros de la comunidad LGBTI. Foto Santiago Mejía

Mientras miles de personas acudieron este fin de semana pasado a la tetragésima cuarta celebración y marcha anual del orgullo lésbico, gay, bisexual y transgénero de la ciudad de San Francisco, los líderes de la ciudad y defensores de los derechos civiles siguen construyendo el apoyo para llegar a una resolución que promoverá los derechos básicos para los ciudadanos de El Salvador gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

El Supervisor del Distrito 9, David Campos, presentó la resolución a la Junta de Supervisores el 24 de junio, haciéndole un llamado al gobierno recién electo de El Salvador, para proteger los derechos civiles y humanos de su comunidad LGTBI. La resolución estará presente en la boleta electoral del 8 de julio y si se aprueba, será presentada al gobierno del presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, cuyo mandato comenzó en junio.

“Es muy importante poner presión internacional sobre el gobierno recién elegido, sobre todo presión que viene de los EEUU, específicamente San Francisco”, dijo Campos. “(Esta ciudad) tiene una larga historia de defensa LGBTI y los derechos civiles —tenemos una gran presencia de centroamericanos y salvadoreños. Durante su campaña presidencial, el nuevo gobierno de El Salvador prometió mayor protección de los derechos civiles— la presión internacional es crucial para que rindan cuentas”.

La resolución presentada a la Junta de Supervisores identifica una lista de peticiones hechas por la comunidad LGBTI de El Salvador para garantizar la igualdad social y económica, así como la seguridad. Entre estas demandas, se da prioridad a la elaboración e implementación de leyes en contra de la discriminación y delitos motivados por el odio, así como el inicio de una ley de identidad de género y cambio de nombre considerando a la población transgénero.

Los activistas también están pidiendo al nuevo gobierno que reafirme y fortalezca el Decreto Presidencial 56, originalmente firmado por el ex presidente Mauricio Funes, que protege a la comunidad LGBTI de la discriminación por parte de los programas de gobierno y funcionarios públicos.

Con la población LGBTI aislada y ubicada hasta el fondo de la estructura social de El Salvador, algunos partidarios de la resolución comparan la persecución de estos individuos a los abusos contra los derechos humanos y los asesinatos perpetrados por los escuadrones de la muerte durante la guerra civil salvadoreña.

“Treinta años después, volvemos a ver una especie del escuadrón de la muerte, donde secuestran a los miembros de esta comunidad, son capturados, torturados —y todo el mundo se voltea para otro lado”, dijo José Artiga, director ejecutivo de SHARE (por sus siglas en inglés) El Salvador, un organización con sede en Berkeley, que trabaja para fortalecer la solidaridad en las luchas de salvadoreños que viven en El Salvador y los EEUU. “Se supone que debemos tener un gobierno progresista, pero está ocupado con muchas cosas y podríamos estar diciendo ‹ok, vamos a tratar esta situación después’ —estamos exigiendo que sea ahora mismo. Es una presión amistosa”.

Mientras que las relaciones homosexuales son legales en El Salvador, la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género está desenfrenada, de acuerdo con los defensores, que atribuyen la actual persecución de esta comunidad a la falta de una ley nacional que correctamente identifique y prohíba los crímenes de odio.

“No existen estadísticas sobre homicidios LGBTI… algunos de ellos ni siquiera son reconocidos, porque no hay tal cosa como un ‘crimen de odio’ en orden”, dijo el abogado de Ana Montano, quien está trabajando para promover los derechos civiles y humanos en El Salvador. Los defensores han recopilado datos sobre cerca de 149 asesinatos de personas LGBTI desde 1999 a 2013 —pero debido a que la mayoría de este tipo de delitos no se denuncia, Montano cree que este número es significativamente mayor.

“Un crimen de odio no es un contexto social, un paradigma, ni mucho menos parte del lenguaje. Así que cada vez que hay un asesinato de un hombre gay, ellos dirán que es un crimen pasional y ahí termina el tema. A veces los miembros de la familia no quieren reconocer que su hijo era gay y eso hace que la investigación de un crimen de odio sea más difícil”, agregó Montaño.

Con un promedio de 45 por ciento de la población salvadoreña viviendo en el extranjero, Campos considera que es responsabilidad social de aquellos que han dejado su país, educar a la comunidad sobre las violaciones a sus derechos humanos.

“Teniendo en cuenta que muchos salvadoreños viven fuera del país, yo creo que es importante para ellos tener una voz”, dijo Campos. “Además de que tienen vínculos con el país, hay beneficios económicos que provienen de la comunidad salvadoreña en los EEUU —ellos contribuyen a la economía, y con ese beneficio viene alguna responsabilidad de seguir y proteger los derechos LGBTI y los derechos humanos en general”.

A medida que el país hace la transición a un liderazgo nuevo y progresivo, los activistas que defienden el movimiento creciente de los derechos civiles en El Salvador creen que seleccionar el momento oportuno de la resolución —también patrocinada por los supervisores, Scott Wiener y John Avalos— es la clave.

“Si consideramos todos los otros grandes temas de la agenda nacional con los que el nuevo gobierno tiene que lidiar, nos le estamos adelantando al tren ya que actualmente la agenda oscila entre los altos niveles de pobreza y el crimen organizado”, dijo Lariza Dugan-Cuadra, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN, por sus siglas en inglés). “Si toman una buena postura, creemos que pueden suceder grandes cambios”.

Traducción Yezel Rosales