La reunión del 25 de febrero organizada con la finalidad de dar voz a los estudiantes sobre el futuro de su escuela y durante la cual era latente la tensión entre éstos y los administradores del City College de San Francisco, terminó sin consecuencias.
Los miembros de la Coalición Salvar al CCSF —un grupo de estudiantes y profesores que luchan contra los recortes presupuestarios— presentaron sus demandas a la rectora Thelma Scott-Killskin.
“Se negaron a cumplir con cualquiera de nuestras demandas, la única opción que nos queda es apelar directamente ante la alcaldía”, dijo Sharon Chatterley, una miembro de la Coalición. “El 14 de marzo los estudiantes del CCSF saldremos y marcharemos hasta la alcaldía junto con el profesorado, el personal y la comunidad para asegurarnos de que se atiendan nuestras demandas”.
En julio de 2012, la Asociación de Universidades para Adultos y Preuniversitarios (ACCJC, por sus siglas en inglés) puso al CCSF bajo prueba, por incurrir en 14 violaciones administrativas y financieras. Para cumplir con los plazos, la administración del CCSF ha hecho recortes importantes. Para el 15 de marzo, la universidad deberá presentar un informe en el que además de justificar, persuada al ACCJC para que le permita mantener su acreditación.
En el otoño de 2012 se tomó la decisión de recortar salarios en un 8,8% para la administración y el cuerpo docente. La Federación Estadounidense de Maestros se opuso a esta decisión; sin embargo, los cortes fueron hechos al despedir a 34 empleados, 19 de los cuales eran consejeros de tiempo parcial.
“Hemos impuesto la reducción salarial porque no teníamos otra opción”, dijo Larry Kamer, Consultor de Relaciones Públicas de la administración.
En respuesta a todas estas medidas, la Coalición Salvar al CCSF exigió: revertir los recortes a las clases, servicios, personal y cuerpo docente; organizar foros comunitarios con autoridades públicas; una declaración pública en favor de los fondos de la Proposición A —un impuesto a las parcelas generando de 14 a16 millones de dólares anuales para el CCSF—; así como un llamado a la alcaldía para un préstamo puente y una petición para que el Departamento de Educación reconozca el mal proceder del ACCJC respecto al proceso de acreditación.
“Estamos pidiendo a la municipalidad que se defina a paralizar la imposición del 15 de marzo —esta fecha límite no es necesario que se cumpla” dijo Eric Blanc, estudiante y figura destacada de la Coalición.
Las controvertidas decisiones administrativas provocaron que el 21 de febrero se ocupara el edificio de la administración del campus Ocean, que duró toda la noche — 20 de los cerca de 200 manifestantes pasaron la noche en el edificio, logrando una reunión con el Rector.
En esa reunión, el rector dijo a los estudiantes: “No voy a pedir a la mesa directiva que revierta los recortes a todas las clases, servicios, personal y profesores, y dejar de reducir el tamaño del CCSF de la Misión y promover la igualdad. No voy a retroceder”.
La Coalición de los estudiantes y el profesorado está decidido. Shanell Williams, líder de la Coalición y presidenta del cuerpo estudiantil del CCSF dijo, “la acreditación no fallará porque no vamos a dejar que fracase”.
A pesar de la determinación de Williams, la amenaza de perder la acreditación es real, y puede resultar en la pérdida de Programas de Oportunidades para Adultos y Servicios (EOPS por sus siglas en inglés) que compensan a estudiantes de bajos ingresos. Los EOPS ha ayudado a más de 100.000 estudiantes en riesgo —como expresidiarios— con la graduación, la transferencia y el empleo.
Los programas y clases con baja matriculación también son objetivos prioritarios. Los estudiantes y profesores están preocupados de que la consolidación de los departamentos de estudios étnicos ponga en peligro la diversidad en el campus.
“Es un ataque a los estudios étnicos… estos programas siempre se ven más afectados en términos de austeridad”, dijo Mike Estrada, profesor de tiempo completo de Ciencias Políticas en el CCSF. “Son los que van a atacar primero”.
Un administrador legal especial, Robert Argrella, fue contratado por la administración para acelerar las decisiones financieras y tiene el privilegio de veto en el Consejo de Administración. Esto le permite a la administración tomar decisiones más rápidamente sin la obligación de considerar la opinión de los estudiantes y docentes.
“También tenemos el derecho como universidad de apelar sus procesos y su toma de decisiones por lo que el Departamento de Educación tiene que ver este asunto y demandamos que lo haga”, dijo Williams.
El 14 de marzo los estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se unirán en la alcaldía a las 4 pm, para mostrar solidaridad e insistir en que se los atienda.
—Traducción Emilio Ramón