La voluntaria comunitaria Erin Andrew escribe durante la reunión convocada por el grupo Plaza 16, una coalición comunitaria que se opone a los planes de construcción en la plaza del BART de la calle 16. Foto Santiago Mejia

Miembros de la comunidad y organizadores políticos se reunieron en el Teatro Victoria para expresar su profunda preocupación por los planes de un proyecto de desarrollo urbanístico junto al teatro, en la plaza del BART ubicada en las calles 16 y Misión.

La reunión del pasado 16 de mayo fue el primer foro organizado por la comunidad en torno al proyecto urbanístico, y los asistentes no se aguantaban por alzar la voz en desaprobación de un plan que los activistas dicen aceleraría el aburguesamiento del barrio.

“Las grúas de construcción son los pájaros de la ciudad de San Francisco porque hay tanta y tanta construcción de viviendas a precio de mercado sucediendo ahorita”, dijo María Zamudio, organizadora de la campaña por el derecho a la vivienda de la organización Causa Justa :: Just Cause (CJJC).

Zamudio mostró a los asistentes los detalles del proyecto que colocaría 350 unidades habitacionales de alquiler a precio de mercado en un área ya de por sí congestionada. “La verdad es que este proyecto es monstruoso y va a seguir desestabilizando a nuestra comunidad.”

Aunque no es el primer proyecto de construcción de viviendas a precio de mercado que sucede en la Misión en los últimos años, la propuesta de construir dos edificios de 10 pisos de altura y un edificio adicional de cinco es el proyecto de construcción de mayor envergadura que jamás se realizaría en el barrio.

Según información extraída del informe de evaluación previa a la ejecución del proyecto, éste abrirá la puerta a la construcción de departamentos ‘de lujo’ que se estima se alquilarían por $3.500 al mes o más.

El plan de construcción se produce meses después de que una ‘coalición de residentes, comerciantes y visitantes’ iniciaran la campaña ‘Limpien la plaza’ (CUTP por sus siglas en inglés) con el objetivo de mejorar los ‘corredores de transporte’, conforme se puede leer en el sitio web de CUTP. Los opositores a dicha campaña señalan que las promesas de mejorar y embellecer la plaza serían a expensas de sacar a muchos de los indigentes y residentes de bajos ingresos que se congregan allí aumentando la presencia policial.

“Creo que la idea de construcción para limpiar el barrio es un poco el punto de vista de aquellos que quieren ver que esto suceda”, dijo Paula Tejeda, propietaria del negocito Chile Lindo en las calles 16 y Capp. “Tenemos que encontrar la manera de hacer responsable a la alcaldía para que las personas que viven en las condiciones en las que vemos vivir a nuestros ciudadanos comiencen a recibir un trato humano. Esa tiene que ser la prioridad”.

“La campaña ‘Limpien la plaza’ es como una campaña de pasto artificial que se quería hacer pasar por una campaña popular —al igual que el pasto artificial es de mentiras, esta campaña es falsamente popular”, dijo Zamudio. “Se creó para lograr apoyo de la alcaldía y del público a este proyecto de desarrollo urbanístico, que llegó justo después. Uno de los mayores impactos de la campaña fue ver menos gente en la plaza y un aumento de la presencia policial y violencia en contra de nuestros vecinos que no tienen casa”.

La formación de la Coalición de la Plaza 16 es en respuesta a dichas actuaciones, en la medida en que los grupos que luchan por los derechos de vivienda y activistas comunitarios están preocupados por el impacto que el proyecto tendría sobre las personas y la cultura de una comunidad unida.

Entre varios grupos que forman la coalición están CJJC, Misión SRO

Collaborative, La Colectiva, People Organizing to Demand Environmental & Economic Rights (PODER) y el Comité por el Derecho a la Vivienda. Estos grupos están decididos a intervenir a medida que el plan de desarrollo urbanístico entra en un proceso de revisión de parte de la Comisión de Planificación de la Alcaldía de San Francisco.

La fuerza detrás del proyecto es una empresa constructora denominada Maximus Real Estate Partners, la cual habría comprado la propiedad por un valor de $32 millones. Según Zamudio, tienen un “largo historial de desestabilizar comunidades”.

Robert Rosania, director ejecutivo de Maximus, era director general de un empresa llamada Stellar Management, la cual compró en 2005 el complejo de viviendas Parkmerced que contenía más de 1.500 unidades bajo control de alquiler. Muchos de los inquilinos del complejo se enfrentaron a desalojos después de que Stellar comprara la propiedad.

Miembros de la Coalición de la Plaza 16 critican la presencia de un complejo de viviendas lujosas en un barrio de clase trabajadora donde muchos residentes viven en la pobreza. La alcaldía exige a nuevos edificios que destinen al menos el 12% de las unidades de alquiler a vivienda asequible —para el proyecto de Maximus, consistiría en tan sólo 42 de los 350 departamentos, y los activistas dicen que no está muy claro quién va poder permitirse el pagar el alquiler de esas unidades.

Tienen claras sus exigencias inmediatas: que la empresa urbanística abandone el proyecto y que la Comisión de Planificación de San Francisco y la alcaldía rechacen todos los proyectos para construir viviendas a precio de mercado en la Misión hasta que se satisfagan las necesidades de vivienda de las personas pobres y clase trabajadora.

—Translation Alfonso Agirre