Artículo presentado por los estudiantes de la SFSU (Universidad Estatal de San Francisco)  en la clase LTNS 660 Latina/o Politics del Departamento de Estudios Latinos. Profesora Teresa Carrillo con Ely Aguayo, Nancy Angon, Liliana Badillo, Nick Burrow, Ben Diaz, Cindia Diaz, Austin Eittreim, Zaret Espino, Mario Gallardo, Angelica Gonzalez, Angie Gonzalez, Vinicius Grassi, Reveca Gutierrez, Lei Han, Miguel Ibarra, Adrianna Hernandez, Sabrina Hernandez, Miguel Laffaye, Ramon Lira, Sandra Lopez, Elizabeth Orozco, Theresa Perez, Fayola Perry, Marcela Pimentel, Mario Pineda, Jocelyn Polanco, Gabriel Ramos, Jonathan Tejada y Daniel Zamora. Traducción Ely Aguayo, Sam Barrocas, José Cadena, Cindia Diaz, Fran Moyza y Lamoin Werlein-Jaén.

Solamente uno de siete san franciscanos es latino y, según su edad y estatus migratorio, no todos son elegibles para votar. Esto deriva en una gran responsabilidad para aquellos que pudiendo emitir su voto deben acudir a las urnas y respaldar los intereses de nuestra comunidad. Se hace un llamado a cada uno de esos latinos para que se presenten este 6 de noviembre y voten por aquellos candidatos y propuestas afines a nuestros intereses políticos. En esta elección se pide a cada votante avalar o no, once propuestas estatales que proponen cambios en la forma de abordar diversos asuntos tales como: el pago de la educación pública, la condena a criminales y el seguro para automovilistas. Con la intención de orientar a los votantes latinos a determinar qué medidas estatales serían las más convenientes a nuestras necesidades, los estudiantes del Departamento de Estudios Latinos de la Universidad Estatal de San Francisco analizaron las Propuestas 30-40 y su impacto en la comunidad latina. Con base en un criterio elaborado cuidadosamente respecto a los intereses políticos de los latinos, se plantean las siguientes recomendaciones:

Propuesta 30     
De ser aprobada la Propuesta 30 del gobernador Brown, se recaudarían anualmente $6 mil millones en ingresos fiscales. De estos fondos, el 89% se asignaría a escuelas públicas del sistema K-12, y el 11% restante sería distribuido entre los colegios comunitarios, el sistema de CSU, servicios públicos y para la atención a otros rubros del presupuesto estatal. Con esta propuesta se incrementarían los impuestos sobre ingresos personales durante los próximos siete años en un 1% para quienes ganen de $250.000 a $300.000; un 2% para cuyo ingreso sea de $300.000 a $500.000; y el 3% para los que perciben $500.000 o más. Además, el impuesto estatal sobre ventas aumentaría de 7,25% a 7,5% para los próximos cuatro años.

El recurso financiero destinado a la educación es significativo para la comunidad latina: el último censo nacional reporta que 2.169.000 de los estudiantes latinos completaron por lo menos parte de estudios universitarios, comparado con los 265.000 latinos graduados de la universidad, lo que indica que la mayoría de estos estudiantes no concluyen su carrera universitaria. De no avalarse la Propuesta 30, habría un recorte drástico de $500 millones a la educación superior. Siendo ese el escenario, el costo de la matrícula universitaria para el CSU y el UC incrementaría en un 5% adicional para el próximo semestre. Por lo tanto, votar a favor de dicha propuesta, no sólo garantizaría la generación de recurso financiero para el presupuesto estatal, sino también el respaldo de los fondos asignados a los sistemas escolares K-12 y la educación superior.

Propuesta 31     
La Propuesta 31 es una enmienda a la constitución de California para cambiar, de uno a dos años, el periodo presupuestario. También plantea que todo aumento en gastos estatales superiores a $25 millones sean pagados por medio del incremento a impuestos o recortes a otros rubros presupuestales. De aprobarse dicha propuesta, cada programa estatal sería sometido a una revisión de desempeño cada dos años, lo que representaría un riesgo pues podrían cancelarse aquellos que no hayan cumplido sus metas establecidas. Por otra parte, esta propuesta también permitiría a los gobiernos municipales cambiar sus programas con la aprobación del gobierno estatal. Concedería al gobernador, además, la facultad de recortar el presupuesto estatal en caso de que los legisladores no actúen ante una supuesta emergencia fiscal. No procede apoyar esta propuesta porque otorgaría demasiada autoridad al gobernador e impondría nuevas responsabilidades a los gobiernos municipales. También debemos oponernos a que los programas estatales, que benefician a la comunidad latina, sean eliminados automáticamente debido a esta nueva ley. Dicha propuesta generaría, además, mayores complicaciones al proceso presupuestario, por lo tanto se recomienda no emitir voto a favor de esta propuesta por el efecto negativo que tendría en la comunidad latina.

Propuesta 32     
Se recomienda votar en contra de la Propuesta 32, que resulta ser un intento de las corporaciones para debilitar la participación y poder político de los sindicatos (uniones) y sus miembros. Esta propuesta fue supuestamente desarrollada para frenar las donaciones a las campañas políticas por parte de los llamados ‘intereses especiales’. Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores—maestros, bomberos, trabajadores de hoteles y trabajadores del campo—históricamente, han luchado para obtener beneficios a favor de la comunidad latina, cuyo número es significativo. Sin embargo, la Propuesta 32 limitaría el poder político de los sindicatos y aumentaría el de las corporaciones, permitiendo a éstas poder recortar puestos de trabajo, eliminar beneficios médicos, reducir salarios y restructurar los beneficios de retiro.

Propuesta 33     
Aunque fue elaborada con la intención de ayudar a ahorrar dinero, por el contrario, la Propuesta 33 podría cambiar las leyes en rigor y permitir que compañías de seguros de automóviles establezcan sus tarifas partiendo del hecho de si una persona contaba anteriormente con seguro: cobrarían menos a quienes tuviesen cobertura previa y más a quienes no. Pueden ser consideradas como personas con cobertura previa quienes estén sirviendo en las fuerzas armadas o hayan perdido su empleo (bajo ciertas circunstancias). Las compañías de seguros de autos han invertido millones de dólares para que sea aprobada esta propuesta, especialmente el presidente de la compañía Mercury Insurance. Hace dos años una propuesta similar fue rechazada por los votantes de California. Rechace la Propuesta para asegurar que las compañías de seguro de automóviles no aumenten sus precios hasta en un 33 por ciento.

“Californianos que desistieron de su seguro de auto por no estar en condiciones para manejar debido a que padecen alguna enfermedad, por encontrarse desempleados por mucho tiempo o bien por ser trabajadores que utilizan el transporte público, cuando tengan que volver a manejar, padecerán el incremento en el costo de su seguro”. (Kelsey Craven, periódico San Francisco Chronicle)

Propuesta 34     
Se recomienda votar Sí por la Propuesta 34, que plantea la sustitución de la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la actualidad, en relación con el total de presos en los EEUU que se encuentran en el corredor de la muerte, el 12,4% son latinos. En California, esa cifra se eleva hasta un 23 por ciento. No existe prueba alguna de que suprimir la vida de un criminal sirva para disuadir a la delincuencia. Por el contrario, se tiene evidencia de cómo jueces y jurados han condenado erróneamente de un crimen capital, lo que ha ocasionado que inocentes paguen condenas de muerte. Al votar a favor de esta propuesta, California estaría ahorrando cientos de millones de dólares. Quienes pagan impuestos han cubierto cerca de
$4 billones en gastos desde que se restableció la pena capital en el estado, lo que representa un promedio de $300 millones por ejecución. El análisis oficial de esta proposición indica que California ahorraría anualmente $130 millones al sustituir la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. En la actualidad, de los 22 países de América Latina, sólo uno, Cuba, aplica la pena de muerte. Únase a salvar vidas y ahorre sus ingresos votando a favor de la Propuesta 34.

Propuesta 35     
Así como se está a favor de medidas que protejan a los niños y las víctimas de los traficantes de personas que se benefician de su venta en la calle y en Internet, no se puede emitir una recomendación para votar a favor o en contra de la Propuesta 35, porque no se tiene la certeza de su impacto entre los familiares de los traficantes acusados. El tráfico de personas es un problema creciente en el mundo: un estudio nacional realizado por el FBI calificó a California con una ‘F’ a sus leyes sobre el tráfico sexual. La Propuesta 35 impondría sanciones más severas a los traficantes de personas que derivarían en penas de prisión mayores y exigiría que violadores sean registrados en un listado oficial de delincuentes sexuales. Si bien, se está de acuerdo con los objetivos planteados en esta propuesta, la obligación de registrar al delincuente sexual podría extenderse a sus familiares y, con ello, el potencial de abuso, por lo tanto no es posible recomendar un voto a favor de ella.

Propuesta 36     
Se recomienda emitir el voto a favor de la Propuesta 36, que busca modificar la California’s Three Strikes Law para imponer una cadena perpetua sólo cuando el delito nuevo sea grave o violento. Se autorizaría también conservar la cadena perpetua a aquellos condenados por delitos no violentos o no-serios cuando incurran en uno tercero y hayan cometido, previamente, delitos de violación, asesinato o abuso sexual a infantes. Según el informe de un análisis legislativo, con esta propuesta el sistema penitenciario estatal se ahorraría de $70 a $90 millones por año. Con esos fondos, se podría incrementar el presupuesto para las escuelas públicas, prevenir la delincuencia y reducir el incremento a los impuestos. De acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, los latinos constituyen el segundo grupo de los delincuentes con tercera penalización. Si se vota a favor de esta propuesta, se lograría que estos infractores sean responsables de las sanciones por los delitos cometidos, en lugar de ser juzgados de manera general como asesinos y abusadores de niños.

Propuesta 37     
La Propuesta 37 representa un camino equivocado hacia el etiquetado de alimentos. Con el uso de lemas atractivos, los que respaldan la llamada propuesta “Derecho a saber”, promueven la seguridad de los alimentos en California; sin embargo, existen tantas excepciones al respecto, que resulta imposible que el consumidor conozca todos los hechos. La Propuesta 37 plantea que aquellos alimentos crudos o procesados que hayan sido elaborados con plantas o animales genéticamente modificadas (GM) sean etiquetados como tales. Entre las muchas excepciones, hay productores de carne, leche y queso que utilizan para su elaboración animales inyectados o alimentados con productos genéticamente modificados. Otras categorías de alimentos que quedan fuera de las regulaciones incluyen bebidas alcohólicas, alimentos con pocas cantidades de materiales GM y los que son para el consumo inmediato. Aunque se concuerda con la necesidad de un adecuado etiquetado de los alimentos, no se está de a favor de esta propuesta: está mal redactada y planteada, contiene tantas inconsistencias que no pueden ser ignoradas. Se coincide, por lo tanto, con muchas de las cámaras de comercio hispanas del Valle Central de California, al recomendar votar en contra de esta propuesta.

Propuesta 38     
Esta propuesta pretende incrementar los impuestos estatales y asignar ingresos al sistema escolar público K-12. El aumento al impuesto se aplicaría en una escala móvil de 0,4% a 2,2% (además de tasas actuales) para individuos que ganen anualmente más de $200.000 a través de un plazo de 12 años, lo que representa un estimado de $10 mil millones en ingresos adicionales. Mientras se está a favor de aumentar ingresos para la escuela pública, no es posible recomendar el voto a favor de esta propuesta que se empata con la Propuesta 30, la cual también propone incrementar los impuestos a las escuelas públicas. De ser aprobadas ambas, sería aplicada aquella que cuente con mayoría de votos. Por el hecho de que la Propuesta 38 se circunscribe únicamente a las escuelas públicas del sistema K-12 y no asignaría fondos para la educación superior ni a otros servicios públicos, no se recomienda emitir voto a favor de ésta pero sí respaldar la implementación de la Propuesta 30. Se considera que el apoyo a la educación superior es esencial para el beneficio de la comunidad latina por lo tanto, existe una gran necesidad de obtener los fondos que se pretenden por medio de la Propuesta 30.

Propuesta 39     
Con el voto a favor de la Propuesta 39 se estaría eliminando la excepción de impuestos a corporaciones multiestatales que realizan negocios en California. De aprobarse, se estima la generación de $1 mil millones al año en ingresos adicionales pagados por dichas corporaciones que operan en California. Ese recurso sería distribuido entre proyectos de energías renovables y modificaciones de eficiencia energética, así como en programas de energía alternativa en las escuelas públicas estatales, universidades y otros centros públicos. La Propuesta 39 también establecería un nuevo fondo estatal llamado Clean Energy Job Creation Fund, diseñado para ampliar el uso de energías alternativas y maximizar la eficiencia energética. Con el voto a favor de esta propuesta se crearían empleos en el mercado de la energía no contaminante. Al mismo tiempo, se asignarían fondos a las escuelas públicas para la mejora de sus instalaciones, garantizando su eficiencia energética.

Propuesta 40     
Con el voto a favor de la Propuesta 40 se protegerían los límites de los distritos para el Senado estatal, que en su momento fueron establecidos por una Comisión Independiente de Ciudadanos de Redistribución de Distritos aprobada por los californianos. Resulta confusa esta propuesta porque con el voto a favor se respaldarían dichos límites; por el contrario, de no aprobarse, aquellos serían establecidos por los funcionarios y supervisados por la Corte Suprema de California. En el 2008, los votantes aprobaron la Propuesta 11, dejando la responsabilidad de trazar los límites de los distritos legislativos de los intereses políticos de la legislatura a una comisión independiente, no partidista. Conforme fueron delimitados, los Republicanos comenzaron a preocuparse pues estos permitirían a los Demócratas obtener una mayoría en ambas cámaras. Como resultado, los Republicanos generaron la Propuesta 40, que luego fue abandonada por falta de apoyo. De no avalarse esta propuesta, se demarcarían nuevamente los límites distritales lo que representaría un costo de $500.000 para el estado, más uno equivalente adicional para que cada condado cubra el diseño de nuevos mapas. Con el voto a favor de esta propuesta se frenaría un gasto público innecesario y se preservarían los límites distritales senatoriales, ya establecidos por una comisión independiente aprobada previamente por los californianos.