La ciudadanía, como estatus legal, no determina quién tiene o no la garantía de vivir dignamente y sin temor. La inmigración es la base de este país, la fundación de su identidad, y el estatus de ciudadanía no debería ser requisito para asegurar que las oportunidades de viviendas sean equitativas.
Después de una demanda judicial por parte de la ciudad de San Francisco, como respuesta a las amenazas de Trump de recortar fondos a las ciudades santuario, el asambleísta David Chiu (D-San Francisco) ha presentado el Proyecto de Ley 291, Protección a los arrendatarios 2017. La AB 291, no es una sorpresa, sino una acción que debió hacerse hace tiempo.
Prohibirá a los propietarios amenazar a sus alquiladores con divulgar información personal a ICE y permitirá que los arrendatarios ejerzan su derecho a reportarlos por falta de reparaciones a sus propiedades a las que están obligados sus dueños. En la última década, el Distrito de la Misión ha servido de ejemplo de la explotación existente en el mercado inmobiliario. Muchos residentes de largo plazo han sido víctimas de desalojos forzados, temerosos de luchar por sus derechos debido a su estatus migratorio. Sin la AB 291, todos los inmigrantes, especialmente aquellos que no hablan inglés, continuarán viviendo marginados de la sociedad.
El carácter reformativo de esta legislación transciende sus orígenes reaccionarios. En este país, el valor de las inmigrantes a menudo ha sido equiparado con salarios bajos, su humanidad ignorada y desestimada. Los inmigrantes son el ancla de nuestros barrios, comunidades y de nuestro país. Sus viviendas deberían servir de refugio. En vez de preocuparse porque su información sea revelada ante las autoridades, los inmigrantes, al igual que los demás, deberían enfocarse en contribuir al tejido social y forjar su Sueño Americano.
Cada historia inmigrante es distinta, pero su lucha es la misma. La AB 291 sirve de gran ejemplo en la política que se necesita para preservar la calidad humana de aquellos que han venido a los EEUU en busca de mejores oportunidades. Servirá no solo como una legislación opositora al régimen depredador y xenófobo que nuestro presidente ha iniciado, sino que como un recordatorio de que los derechos humanos elementales no deben estar condicionados al estatus migratorio del individuo.
—Traducción, Hilda Ayala.