Un álbum familiar muestra un collage de fotos de Maria Luna siendo niña hasta sus primeros años de adolescencia. Cortesía: Linda Luna

Al igual que muchos otros que pasan por el sistema penitenciario, Maria Luna esperaba un nuevo comienzo al obtener su libertad, y durante un tiempo pareció que así sería.

Luna trabajó como mentora entre pares durante su prolongada reclusión, incluso se había convertido en asesora estatal sobre drogas y alcohol. Quería ayudar a su comunidad y alejar a otros del tipo de vida que la llevó a su encarcelamiento. Después de cumplir 22 años de condena, la Junta de Audiencias de Libertad Condicional escuchó su caso y descubrió que era adecuada para ser puesta en libertad.

Desafortunadamente Luna no es ciudadana (emigró a los EEUU como residente permanente), lo que significaba que ICE podría deportarla una vez puesta en libertad. El otoño pasado, tras su liberación de la Institución de Mujeres de California, Luna fue trasladada a la Instalación de Detención de Adelanto al sur del estado, donde actualmente está esperando su audiencia de fianza. Adelanto es operado por GEO Group, Inc., una corporación privada de prisiones de $1,000 millones que tiene un contrato con ICE.

Copia del pasaporte de Maria Luna, expedido en la Filipinas, con su imagen recortada y puesta en el álbum familiar. Cortesía: Linda Luna

De adolescente, viviendo en San Francisco, Luna cayó en malas compañías, lo que la llevó a involucrarse en un crimen que la llevó a la cárcel. Luna, ahora con 42 años, nació en Filipinas, pero su familia emigró a los EEUU cuando tenía tres años. Después de haber pasado casi toda su vida en este país, tiene poco conocimiento o experiencia de lo que es vivir en su lugar de origen.

Su situación es como la de muchos otros inmigrantes indocumentados que temen ante el clima político hostil actual. La mayor promesa del presidente Trump ha sido construir un muro a lo largo de la frontera sur para evitar que los inmigrantes ingresen ilegalmente. Este enfoque en los inmigrantes latinos ha eclipsado en gran medida a los indocumentados de otros países.

“Muchas veces, los latinos se vuelven focos de atención solo por sus cifras”, dijo Nate Tan, miembro del Comité de Apoyo a Prisioneros Asiáticos. “Pero en algunos estados como Hawai, la mayor población indocumentada es filipina”.

Maria Luna (derecha) y su madre Linda. Cortesía: Linda Luna

Linda Luna, madre de Maria, dice que su mayor preocupación es la seguridad de su hija. Todos sus hermanos están aquí: “Estaría completamente sola… Probablemente podría verla por unos días, pero soy diabética, así que necesito estar cerca de mis médicos”, dijo y agregó: “Cuando fui a Filipinas para pedir apoyo, solo la iglesia estaba dispuesta a brindarlo”.

Sin embargo, incluso con esta ayuda, la actitud implacable del gobierno hacia las drogas y sus consumidores lo haría muy peligroso para alguien con los antecedentes de Maria.

El caso de Luna es especialmente preocupante teniendo en cuenta el clima político en Filipinas. El actual presidente de aquel país, Rodrigo Duterte, ha sido centro de atención en los titulares en todo el mundo por su postura genocida sobre las drogas. Durante una conferencia de prensa en septiembre de 2016, Duterte declaró: “Hitler masacró a 3 millones de judíos… hay 3 millones de drogadictos. Existen. Me encantaría matarlos”.

Según el sitio web de Human Rights Watch, la “guerra contra las drogas” de Duterte ha provocado la muerte de más de 12 mil personas.

Debido al pasado de Luna relacionado con el uso de sustancias ilegales, la deportación a un país con una postura tan severa sobre las drogas como Filipinas podría ser muy peligrosa. Sin embargo, el juez que escuchó su caso sintió que su rehabilitación permitió que la enviaran de vuelta a un país cuyo gobierno ha delegado a los ciudadanos para matar a todos y cada uno de los usuarios de drogas, incluso a aquellos que solo se sospecha que las consumen.

En busca de ayuda con su caso, Luna se contactó con su amiga en el Área de la Bahía, Ny Nourn, quien fue nombrada Becaria Yuri Kochiyama en 2018 en el Asian Law Caucus, una organización legal que asiste a las comunidades de bajos ingresos del Pacífico asiático. Las dos se habían reunido mientras estaban en el Centro de Mujeres de California Central donde Nourn había estado en una situación similar. Nourn estaba programada para ser liberada después de cumplir 16 años, pero enfrentó la deportación a Camboya, a pesar de haber pasado toda su vida en los EEUU.

Nourn quería ayudar a Luna, pero como su caso se ubica al sur de California, el ALC no pudo hacerlo. Así que Nourn se acercó a la clínica de inmigración de la Universidad del Sur de California, quien aceptó tomar el caso de Luna.

Linda Luna estaba extremadamente agradecida por la ayuda que han recibido de estas diversas organizaciones: “Es notable para mí. No tenía idea de cómo obtener ayuda. Así que fue un maravilloso regalo de Dios que estas agencias y otros grupos de apoyo nos estén ayudando a mí y a mi hija en su caso”, reconoció.

En este punto, las opciones de Luna son limitadas. Ella ha solicitado una audiencia de fianza, que tendrá lugar en abril. Pero incluso de aprobarse, obtener una fianza y librar la detención, no será inmune a la deportación. Un perdón del gobernador borraría su récord, haciendo que ya no fuera una prioridad su deportación, pero no la protegería de que eso sucediera. Aún con el apoyo continuo de familiares, amigos y varias organizaciones, Maria se ha mantenido esperanzada y positiva.

“Es difícil, pero no hay nada que pueda hacer”, dijo Linda. “Todo lo que puedo hacer es orar y esperar”.

Si desea ayudar a Maria, puede donar en su página GoFundMe. (https://ca.gofundme.com/freemarialuna-bail-fund-for-maria-luna)