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Periodista local habla después de ser allanado por el SFPD
(Desde la izquierda), la presidente nacional de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) J. Alex Tarquinio, entrevista al periodista local Bryan Carmody y su abogado, Thomas Burke, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern, en San Francisco el 13 de agosto. Foto: Screenshot of SPJ’s video coverage of the Q&A

Meses después de que su casa y su lugar de trabajo fueran allanados por la policía, el periodista independiente Bryan Carmody por primera vez hizo declaraciones públicas sobre haber sido el blanco de una investigación criminal del SFPD (Departamento de Policía de San Francisco) el cual intentaba descubrir a la fuente responsable de difundir un informe policial y confidencial sobre la muerte del Defensor Público de San Francisco, Jeff Adachi, ocurrida el 22 de febrero de 2019.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern de San Francisco el 13 de agosto, J. Alex Tarquino, presidenta nacional de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ, por sus siglas en inglés), entrevistó a Carmody, quien ha ejercido su labor como periodista en esta ciudad durante casi 30 años, como también a su abogado, Thomas Burke, sobre porqué Carmody se negó dar a conocer la identidad de su fuente confidencial, el posterior cateo a su vivienda y la legalidad de las órdenes que lo autorizaron.

“Despertarse mientras alguien golpea tu puerta de metal con un mazo no fue una gran experiencia”, dijo Carmody sobre lo ocurrido la madrugada del 10 de mayo, y agregó que aunque no fue totalmente una sorpresa, “fue un despertar abrupto”.

Antes de dicho cateo, la Junta de Supervisores de San Francisco había convocado a una reunión con el fin de discutir cómo se había hecho público el informe confidencial que refería el hallazgo de cocaína en el sistema de Adachi al momento de su muerte, así como el haber pasado la noche con una mujer que no era su esposa, en un departamento que no era el suyo. Muchos vieron la publicación no autorizada del informe como un acto intencional del SFPD para empañar el nombre del Defensor, un crítico de la policía.

En la reunión, celebrada el 19 de abril, la viuda de Adachi, Mutsu Adachi, leyó una declaración, diciendo que el informe divulgado 12 horas después de la muerte de su esposo, “había sido increíblemente doloroso” y sintió que era “despreciable” lo que SFPD había hecho.

El capitán interino del SFPD, William Braconi, y el comandante de policía Greg McEachern, pidieron disculpas a la viuda de Adachi e informaron a los supervisores que se estaba “trabajando incansablemente” para encontrar a los responsables. Sin embargo, 10 de los 11 supervisores quienes convocaron la sesión, criticaron severamente esta fuga de información como una señal de la incapacidad por parte del departamento de policía de controlar el flujo de información confidencial. “Esto absolutamente deteriora la confianza que el público pueda tener en el departamento de policía”, dijo la supervisora ​​del Distrito 9, Hillary Ronen, quien también caracterizó este hecho como un “ataque políticamente motivado” contra el legado de Adachi.

Para Carmody, un reportero y camarógrafo independiente quien se gana la vida vendiendo filmaciones de interés periodístico a los medios de comunicación locales, su decisión de buscar un comprador del informe después de obtener una copia “no tuvo nada que ver con la política”, dijo. “Me importa lo que es, no quién es”. Al hablar sobre el cateo a su domicilio, Carmody explicó cómo fue detenido y esposado durante seis horas esa mañana, mientras los investigadores del SFPD y los agentes del FBI buscaban y confiscaban en su casa y oficina, “cada foto digital, cada disco duro”, junto con toda sus equipos de cámaras, computadoras, teléfonos, todas las herramientas que Carmody usa para realizar su trabajo.

Poco después de ser liberado, Carmody informó rápidamente a sus colegas de lo ocurrido. La gran protesta pública que siguió rápidamente fue palpable, ya que muchos entendieron que era una transgresión fundamental por parte de la policía contra el lugar que ocupan los periodistas en la sociedad.

La noticia se extendió por toda la comunidad periodística y llevó a Burke, miembro de la junta de la Coalición por la Primera Enmienda y abogado de libertad de expresión, a representar a Carmody.

Captura de pantalla del video de seguridad que muestra a elementos del SFPD irrumpiendo en la casa del periodista local Bryan Carmody.

“A los pocos minutos de hablar con Bryan la noche en que fue detenido, supe que había inmunidad absoluta para él”, dijo Burke durante la sesión de preguntas y respuestas. Burke también definió el allanamiento como un fracaso por parte del SFPD de reconocer las protecciones otorgadas a los periodistas según la llamada Ley del Escudo de California, la cual los protege de posibles órdenes de allanamiento en su contra con el argumento de obtener información confidencial.

Posteriormente, durante una conferencia de prensa en mayo, el jefe del SFPD, Bill Scott, definió a Carmody no como un receptor pasivo de un informe filtrado, sino más bien como un “sospechoso en una conspiración criminal para robar el informe confidencial”. Scott agregó que el departamento creía que el reportero pudo haber cometido numerosos delitos, incluyendo “recibir propiedad robada, diseminación ilegal de información oficial y obstrucción intencional de la justicia”.

Durante las preguntas y respuestas, Carmody sostuvo que no conspiró para robar el informe: “De ninguna manera compensé a los oficiales que estuvieron involucrados en esto”, dijo. “No se intercambió dinero, no hubo favores, ni siquiera una taza de café”. Burke describió las acusaciones hechas por Scott durante esa conferencia de prensa inicial como “perturbadoras” y “se condena y no se aprecia lo que hacen los periodistas todos los días”.

No fue sino hasta semanas después del allanamiento en la casa y sala de redacción de Carmody, que Scott retiró su argumento inicial y admitió que el caso había sido mal manejado por los investigadores. En un correo electrónico interno a su departamento, Scott escribió: “Estoy preocupado por la falta del debido esmero por parte de los investigadores del departamento al buscar órdenes de allanamiento y abordar al señor Carmody adecuadamente en su condición como miembro de los medios de comunicación. Esto ha originado preguntas importantes sobre nuestro manejo de este caso y si la llamada Ley de escudo de California fue violada”.

Los comentarios del jefe Scott provocaron la condena del presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco, Tony Montoya, quien, en una carta severa dirigida a miembros del SFPD, pidió al jefe su renuncia, escribiendo: “Él [Scott] conocía todos los elementos de la investigación, dirigió el investigación, sabía que Carmody era miembro de la prensa y claramente sufre el más debilitante caso de amnesia o simplemente no dice la verdad sobre su participación directa y la dirección terriblemente defectuosa que dio para buscar cómo sucedió esta fuga de información policial”.

Ahora, meses después, Carmody y su abogado han podido obtener todas las órdenes de allanamiento dirigidas a su sala de redacción y su casa anuladas por los jueces Gail Dekreon, Christopher Hite, Victor Hwang, Rochelle East, los mismos jueces que inicialmente las autorizaron. Todos ellos, excepto el juez Hwang, anularon las órdenes de arresto que tenían, agregando que no se les había dicho que Carmody era periodista. En el fallo final para anular la última orden de arresto contra los registros de teléfonos celulares de Carmody, el juez East dijo que la orden “no debería haberse emitido, el hecho de que tiene un pase de prensa del Departamento de Policía de San Francisco indica a este tribunal que es periodista”.

Burke argumentó que las órdenes de arresto no deberían haberse emitido en primer lugar: “La razón por la que se han anulado todas las órdenes es gracias a la fuerza que lleva en sí la ley de escudo”, dijo Burke, y agregó que el caso de Carmody no refleja “un incumplimiento de la ley, es el no apreciar que la ley protegió absolutamente a Bryan en este caso”.

Como parte de las condiciones para anular las órdenes de arresto, los investigadores del SFPD deben destruir toda la evidencia que reunieron en la casa y la oficina de Carmody, devolver los artículos confiscados y se les prohíbe usar la información reunida en cualquier proceso penal o civil posterior.

Aún así, la incursión ha dejado su huella en Carmody: “Mi sala de redacción todavía está completamente muerta”. Pero cuando Tarquino le preguntó si la incursión había afectado su capacidad de trabajar con fuentes dentro del departamento, Carmody respondió: “No en absoluto, no ha sido ningún problema, la mayoría me han dicho ‘estuvo mal lo que te hicieron’”.

Mirando más allá del impacto a Carmody en particular, Burke está preocupado por el peligroso precedente que tal ataque podría tener sobre la capacidad de los periodistas para realizar sus funciones: “Ese es el desafortunado resultado de la situación de Bryan”, dijo Burke. “Ya habrá personas que no hablen con los periodistas porque vieron que en San Francisco a un periodista le allanaron su casa para identificar una de sus fuentes… Si esto puede suceder aquí, puede suceder en cualquier otro lugar”.

Story by: Melissa Perez Winder