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Más de 20 restaurantes de San Francisco se han unido al movimiento nacional Sanctuary Restaurants, un proyecto conjunto entre Restaurant Opportunities Centers (ROC) United y Presente.org, creado para ayudar a resistir la postura agresiva de la administración Trump sobre la inmigración.

“Usted tiene que asegurarse de que sus empleados sientan que no van a ser atacados”, dijo Nati Ramírez, dueño de Don Ramón ubicado en la calle 11, el restaurante que su padre inmigrante Ramón abrió en 1982.

Antes de abrir su restaurante, Ramón, quien emigró en 1955 desde Ayutla, Jalisco, México, con su esposa Guadalupe, trabajó recolectando lechuga en los vastos campos del valle central de California. Nati recuerda las historias de su padre de cómo él se escondía con miedo en los tubos grandes del campo durante las redadas.

Hoy en día, muchos de los empleados de Nati también viven con miedo de ICE, pero ella trata de pedirles que tengan esperanza.

“Tienes que recordar que el presidente no puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos… ICE simplemente no puede entrar”, les dice.

El mes pasado, la Asociación Golden Gate Restaurant (GGRA, por sus siglas en inglés) se unió a los Restaurantes Sanctuary, y el 20 de marzo en Don Ramon, organizó el primero de una serie de talleres gratuitos diseñados para educar y capacitar a pequeños empresarios y restauranteros sobre cómo preparar a sus empleados y clientela para posibles redadas y otras posibles políticas de inmigración perjudiciales.

“Nuestra comunidad de inmigrantes es la columna vertebral de esa industria”, dijo Gwyneth Borden, directora ejecutiva de la GGRA. “Los restauranteros son inmigrantes; los trabajadores son inmigrantes. Estas cuestiones son muy importantes para nosotros”.

Restaurantes Santuario no es una designación legal, pero el capítulo de San Francisco se ha asociado con varios miembros de la comunidad legal especialista en derechos civiles.

Megan Sallomi, abogada del Comité de Abogados de Derechos Civiles que se especializa en la justicia de inmigrantes, fue una de las panelistas en el taller del 20 de marzo.

“El movimiento del Restaurante Santuario es una respuesta a la lucha contra un clima de miedo y odio que viene de Washington. Y ese miedo es paralizante y está teniendo graves consecuencias humanas y económicas”, dijo Sallomi.

Además de participar en el taller, el Comité de Abogados de Derechos Civiles también defiende a los inmigrantes durante los procedimientos de deportación y les ayuda a obtener el estatus legal. Durante el panel, Sallomi habló sobre los derechos y responsabilidades de los propietarios de pequeñas empresas y cómo pueden proteger a sus empleados en toda la extensión de la ley.

“Siempre que escuchamos sobre el aumento de la intervención de ICE, siempre hay un riesgo de que las empresas empiecen a discriminar a las personas por razones ilegales”, dijo Sallomi. “Obviamente, desde una perspectiva legal, no se puede contratar a alguien que no tiene autorización para trabajar aquí… pero lo que no queremos ver es que las empresas y los empleadores comiencen a discriminar a las personas debido a su acento o su procedencia, o sus creencias sobre quienes pueden o no ser verificados”.

Los inmigrantes no autorizados representaron en 2012. aproximadamente el 9.4 por ciento de la fuerza laboral de California (1.8 millones de trabajadores), según un informe de Pew Research.

En otro estudio, Raúl Hinojosa-Ojeda, profesor asociado de la UCLA, y Marshall Fitz, investigador principal del Center for American Progress, encontraron que “todos los inmigrantes no autorizados son removidos de California, el estado perdería $301.6 mil millones en actividad económica” y que el número total de personas empleadas disminuiría un 17.4 por ciento. También informaron que, en contraposición, de legalizarse los inmigrantes no autorizados en California, se agregaría a la economía 633.000 empleos, y los ingresos tributarios aumentarían en $5.3 mil millones.

A pesar de que está en contra de la ley contratar a alguien que no está autorizado para trabajar en los EEUU, muchos empleadores lo hacen de todos modos.

El abogado en inmigración y ex presidente de la Asociación de Abogados de San Francisco La Raza, Enrique Ramírez, explicó la dificultad que tienen los empleadores para verificar si sus solicitantes están autorizados para trabajar en el país.

“Son demasiados requisitos”, dijo. “Demasiados controles. A veces se les exige que consulten directamente con CIS [Servicios de Ciudadanía e Inmigración] o con ICE, y esa información en sí misma no es actual”.

Ramírez, cuyos padres eran inmigrantes, dijo que el mundo ha cambiado para ser más interconectado y eso explica la demografía actual de la fuerza de trabajo en la industria restaurantera.

“Esta es la nueva América”, dijo. “Tenemos que mirar hacia el sur, a nuestros vecinos que han sufrido por nuestras propias políticas económicas y políticas, y eso ha impulsado la inmigración hacia los EEUU”.

La afiliación de la GGRA con Sanctuary Restaurants y los talleres en curso también han recibido el reconocimiento y el apoyo del asambleísta David Chiu.

“Nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país enfrentan a una amenaza existencial sobre lo que somos. Somos una ciudad y un país que fue fundado por inmigrantes”, dijo Chiu. “Pero tenemos un presidente, y ahora tenemos agentes de inmigración, que lo han olvidado”.

“Nosotros, como inmigrantes, hemos tenido muchos negocios aquí en San Francisco”, dijo Nati. “No somos sólo los jardineros, no somos sólo las niñeras, no somos ese inmigrante que acaba de llegar y hace tareas domésticas. Nos educamos y seguimos con nuestro sueño”.