La beligerante orden ejecutiva de Donald Trump que prohíbe de forma indefinida a la mayoría de los refugiados y temporalmente a los inmigrantes de siete países no sólo es innecesaria, sino una violación de nuestra constitución y de la decencia común.
El mandato llamado “Proteger a la Nación del ingreso terroristas extranjeros en los EEUU”, fue escrito y ejecutado en una manera tan descuidada que miles de estudiantes, empleados y familiares quedaron varados en aeropuertos del país el fin de semana del 27-28 de enero. Pese a lo que su nombre sugiera, poco hará por mejorar la seguridad nacional de forma sustancial.
Por ejemplo, mientras que a inmigrantes de Iraq, Irán, Siria, Libia, Yemen, Sudán y Somalia ahora les ha sido restringido el acceso a territorio estadounidense, los provenientes de Arabia Saudita, Egipto y Paquistán no tienen ese veto. Casualmente, Arabia Saudita, Egipto —los dos países origen de los terroristas del 9/11— son con los que nuestro presidente tiene intereses comerciales.
La prohibición fue impugnada casi inmediatamente en varios estados y el 3 de febrero, un juez federal en Washington impuso una orden de restricción, bloqueando el veto a nivel nacional. El Departamento de Justicia apeló la decisión del juez James Robart, pero el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito, cuya sede está en San Francisco, negó el restablecimiento de tal veto, por lo que dicha orden se mantiene sin surtir efecto por ahora.
La administración de Trump sin duda seguirá peleando la decisión, probablemente busque llegar hasta la Suprema Corte. No deben ganar. Puede ser que, en cuanto al tema de la seguridad con este mandato, como casi todo lo relacionado con Trump, es una obra de teatro— solo espectáculo, cero sustancia. Pero eso no significa que no tendría efectos negativos que repercutan en muchas partes. Uno sólo necesita examinar el lío en que miles de viajantes se vieron metidos durante el caos del 27 y 28 de enero.
La verdadera preocupación, sin embargo, remite al precedente, tanto en términos de lo que vino antes como lo que podría ocurrir después. Hace 75 años Franklin D. Roosevelt firmó la orden ejecutiva 9066, que dio lugar al encarcelamiento masivo de los japoneses-americanos. El asesor ejecutivo de nuestro presidente y su nominado para Fiscal General, Jeff Sessions, no han tratado de ocultar su desprecio hacia los inmigrantes, sin mencionar su indiferencia ante la difícil situación que enfrentan los refugiados.
Nosotros aquí en El Tecolote entendemos que los inmigrantes han contribuido a convertir a los EEUU en lo que es en la actualidad: un crisol de personas, culturas e ideas. Muchos en nuestra comunidad llegaron aquí como refugiados o hijos de ellos. Con el sentimiento antiinmigrante que el presidente está incitando tiene la historia larga, creemos que siempre ha contradicho los valores de la Constitución, por lo tanto es antiamericano. Rechazamos categóricamente la orden del presidente por ser una acción antiamericana y expresamos nuestro apoyo a todos los inmigrantes sin importar su país de procedencia.
—Traducción, Eleni Stephanides