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Comunidad unida contra ataques hacia ciudades santuario
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La multitud que se reunió en el Ayuntamiento el 14 de julio estuvo ahí para rezar por Kathryn ‘Kate’ Steinle —la mujer de 32 años de edad que murió a manos de un criminal convicto e inmigrante mexicano— y para comenzar un diálogo con aquellos que culpan a las leyes migratorias de San Francisco por su muerte.

“Ninguno de nosotros quiere que esta tragedia se repita”, dijo Kitzia Esteva-Martínez, organizadora sobre derechos de inmigrantes. “Y entendemos que proteger la seguridad pública va de la mano de proteger la constitución y los derechos de los inmigrantes”.

Bill Hing, profesor de leyes en la USF y fundador del Centro de Recursos Legales del Inmigrante, dijo que su corazón se hundió cuando se enteró del crimen; él tiene dos hijas de edades cercanas a las de Steinle.

“Aunque sea difícil de aceptar para algunos miembros de la comunidad, la ley de San Francisco no tuvo la culpa”, dijo Hing, explicando que la ordenanzas de ‘Ciudad Santuario’ y  ‘Proceso Adecuado para Todos’ fueron diseñadas para incrementar la seguridad de la ciudad al fomentar la confianza entre representantes de la ley y las comunidades inmigrantes. Las ordenanzas del Proceso Adecuado para Todos es sobre seguridad pública y San Francisco es ahora un lugar más seguro… Oficiales de policía a lo largo del país entienden que para realmente abordar la seguridad pública, necesitas que toda la comunidad confíe en ti”.

Debate nacional
La muerte de Steinle alcanzó atención nacional y ha alimentado a diversos críticos, periodistas, políticos y agencias de policía en sus ataques en contra de las leyes migratorias de San Francisco.

Mientras que la disputa sobre quién fue responsable de liberar a Juan Francisco López-Sánchez, el hombre acusado de matar a Steinle, se intensifica, el alguacil de San Francisco, Ross Mirkarimi trató de defender la posición de su departamento al seguir la ley.

“Me parece increíblemente triste e incomprensible que esta tragedia se esté utilizando como una plataforma para beneficio político”, dijo Mirkarimi al inicio de una conferencia de prensa el 10 de julio. “Queremos dejar las cosas claras”.

El alguacil, sin embargo, tuvo poco éxito en lograr su objetivo. Mirkarimi, quien está postulado para reelegirse en noviembre, fue interrogado por una docena de reporteros locales, regionales y nacionales, y detalló la cronología producida por su departamento de los eventos en torno a este crimen.

La senadora Dianne Feinstein estalló en contra del alcalde Ed Lee y Mirkarimi por liberar a un criminal (no-violento) convicto por quien el Departamento de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) solicitó una orden de detención. Lee contrarrestó su propia declaración, cuestionando el “sentido común” del departamento del alguacil por su falta de comunicación con otras agencias judiciales.

“El alcalde está lanzando su propia ley debajo del autobús, simplemente tratando de alejarse o huir de la ley que él mismo puso en efecto”, dijo Mirkarimi, refiriéndose a la ordenanza Proceso Adecuado para Todos.

La ordenanza ‘Ciudad y Condado de Refugio’ de San Francisco (también llamada Ordenanza Santuario), establecida en 1989 y reafirmada en 2007 por el entonces alcalde Gavin Newsom, prohíbe que los empleados municipales ayuden a agentes migratorios de ICE a arrestar o investigar a inmigrantes indocumentados. La ordenanza del Proceso Adecuado para Todos, aprobada por la junta de supervisores y convertida en ley por el alcalde Lee en octubre de 2013, prohíbe a la ciudad y condado detener individuos en respuesta a una orden de detención migratoria civil después de que han calificado para la liberación. La ordenanza, sin embargo, no aplica a individuos que han sido convictos por crímenes violentos durante cierto periodo de tiempo, a quienes actualmente estén sido acusados de un crimen violento, o que representen un riesgo de seguridad pública.

Linea de tiempoHistorial de encuentros con la ley
El 11 de diciembre de 1995, se emitió una orden de captura contra López-Sánchez debido a que no se presentó a corte para responder a cargos de posesión y venta de marihuana; la fianza fue fijada en $5,000. Mirkarimi dijo que entre 1998 y 2011, López-Sánchez fue sentenciado a custodia federal cuatro veces por cargos de drogas y por volver a entrar al país luego de ser deportado. ICE reportó haberlo deportado cinco veces.

Mirkarimi dijo que su oficina recibió una llamada telefónica de la Oficina Federal de Prisiones en Victorville el 23 de marzo, después de que López-Sánchez fuera liberado de custodia federal, en la cual pedían confirmación sobre una orden de arresto de 1995 sin resolver.

El departamento del alguacil, siguiendo el protocolo establecido, se vio obligado a transportar a López-Sánchez de la prisión federal a la del condado el 26 de marzo para que pudiera aparecer en la corte de San Francisco. Aunque fue arrestado bajo la orden de captura de hace 20 años, no existía una orden de arresto u orden judicial activa por parte de ICE, las cuales hubieran sido necesarias para entregarlo. Mientras que ICE tenía una petición de detención, sin la orden de arresto, estas peticiones se consideran inconstitucionales por dos cortes federales cuando la petición se hace en una ciudad santuario. Mirkarimi señaló que ninguna de estas peticiones por orden de detención han sido seguidas en la ciudad de San Francisco en 2015.

Después de aparecer ante la corte el 27 de marzo, el fiscal de distrito disolvió los cargos de hace 20 años contra López-Sánchez. Entre el 27 de marzo y el 14 de abril, los comisarios del alguacil se comunicaron  con la Prisión Federal de Victorville y confirmaron la identidad de este individuo, que había cumplido su sentencia federal y que no tenía ninguna orden de detención, ni órdenes judiciales pendientes. En la ausencia de la necesaria orden de arresto u orden judicial para retenerlo para un proceso de deportación, el departamento del alguacil de San Francisco subsecuente legalmente, liberó a López-Sánchez el 15 de abril.

“El señor López-Sánchez era de alta prioridad para ICE debido a sus previos cargos criminales y deportaciones”, explicó Mirkarimi a los reporteros. “Sin embargo como afirmé y continuaré afirmando, ICE falló en obtener y proveer una orden de arresto u orden judicial para tales procesos de deportación”.

La explicación, sin embargo, fue recibida con una serie de escenarios hipotéticos y hubiera por parte de los reporteros: “¿Por qué no se siguió la ley estatal?” “¿Por que no se utilizó el sentido común al liberar a un criminal convicto?” “¿Se pudo hacer algo para prevenir la muerte de Kate?” “Si usted pudiera volver al pasado, sabiendo lo que sabe ahora, hubiera tomado el teléfono para llamar a ICE y decir que este tipo estaba a punto de ser liberado?”

“Yo iría a su oficina en la calle Sansome y les diría ‘hagan su trabajo’”, respondió Mirkarimi a la última pregunta. “Porque les hemos estado diciendo [a ICE] eso durante los 18 meses previos a este evento”.

El alguacil sugirió que ICE quizá no tenía los recursos o personal necesarios para dar seguimiento a órdenes de corte o arresto.
“Si esto es cierto, es lamentable que estemos experimentando la erosión de la constitución”, agregó.

Hacia adelante
Mirkarimi propuso una serie de recomendaciones para evitar una situación similar en el futuro. Una de esas recomendaciones incluye explorar el uso de un Juez de Ley Administrativa para la vigilancia judicial y asegurar que la cuarta enmienda constitucional no sea violada al colaborar con ICE. Otra incluyó la posible purga de órdenes de arresto antiguas, como la que fué emitida en 1995 para López-Sánchez; la Ciudad tiene 12,440 a partir del primero de julio.

Mirkarimi expresó su deseo de buscar la ayuda del alcalde y la junta de supervisores al tratar con conflictos entre leyes locales, estatales y federales, y dijo que estaba dispuesto a realizar enmiendas.

El profesor Hing piensa que otro factor ha sido oscurecido entre todas las acusaciones: “Nosotros… compartimos la culpa por lo que sucedió”, dijo. “Porque no estamos luchando lo suficiente por más programas de abuso de substancias. No estamos luchando lo suficiente por programas para la salud mental. No estamos luchando lo suficiente por el control de armas. Y ahí es donde está nuestra culpa”.

Story by: Alexis Terrazas