La Interestatal 880 se inundó con el ruido de los claxon de una caravana de automóviles que se abrían paso para llegar a San Francisco, a través de la calle 7 en Oakland. El enorme río vehicular bloqueó todas las entradas y salidas de la carretera y esto provocó un molesto tráfico en todas direcciones. Un automovilista atrapado en la encrucijada vehicular, sacó el brazo por la ventanilla de su auto para expresar evidente molestia. Al parecer la manifestación había arruinado parte de su día. Los manifestantes de la caravana también estaban molestos por el tiempo perdido. Amigos y familiares han sido obligados a pasar décadas (30, 40 hasta más de 50 años) en celdas de cárceles superpobladas aún durante una pandemia que demanda distanciamiento social para aplacar su propagación.
El tropel integrado por al menos un centenar de vehículos, transportaba cada uno en su interior a amigos, parientes, hijos y cónyuges de quienes están o han sido privados de su libertad. Dicha manifestación comenzó la mañana del 31 de enero en Middle Harbor Shoreline Park en Oakland, donde luego de una serie de discursos y, en pleno pico del tráfico dominical, emprendió su camino hacia San Francisco. En los autos había mensajes como “¡Alto a las ejecuciones durante la Covid!” “Cuidar sin encerrar” y “Newsom, deja de matar a nuestros seres queridos”.
Un grupo de organizaciones, entre ellas No Justice Under Capitalism (NJUC), Critical Resistance (CR) y Communities United for Restorative Youth Justice (CURYJ), se reunieron para el evento. Los manifestantes responsabilizaron al gobernador Gavin Newsom de las muertes relacionadas al Covid en las cárceles. Exigieron la liberación masiva de presos, un alto a los traslados involuntarios y la prueba para la detección del virus a toda la población carcelaria.
Las prisiones de California, cuya población es de casi 90 mil, se enfrentan a un delicado brote del nuevo coronavirus. Hasta el 8 de febrero del año en curso, había 1,922 casos detectados en las prisiones del estado, y al menos 199 muertes relacionadas con este virus.
Hasta el 8 de febrero del año en curso, había 1,922 casos detectados en las prisiones del estado, y al menos 199 muertes relacionadas con este virus.
No es la primera vez que los manifestantes se organizan contra el gobernador y su gestión ante dicha pandemia en las prisiones. De acuerdo con el ministro King X, director del programa California Prison Focus, varias organizaciones informaron al gobernador que los presos «podrían estar predestinados a morir, cuando no a enfermar gravemente» en las actuales condiciones.
El año pasado funcionarios de salud pública y los tribunales federales también advirtieron al Estado sobre un inminente brote en las prisiones de California. En junio de 2020, AMEND de la UCSF y la Escuela de Salud Pública de la UC Berkeley publicaron un comunicado en el que instaban al Estado a reducir la población penitenciaria de San Quintín a un 50 por ciento. En octubre, el Tribunal de Apelación del Primer Distrito de San Francisco decidió que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) había violado la Octava Enmienda (sobre los castigos crueles e inusuales) y que la prisión debía reducir su capacidad en un 50 por ciento.
Hasta el momento la población penitenciaria de San Quintín no ha sido reducida al mencionado porcentaje establecido por la orden del tribunal, por el contrario, el CDCR comenzó a realizar traslados arbitrarios que provocaron decenas de muertes, según The Guardian. Davis Vanguard, también informó que los reclusos que se negaban a ser trasladados fueron presionados para firmar documentos donde se hacían responsables de su salud y muerte.
La indiferencia también viene por parte de los empleados de las prisiones: en octubre del año pasado, la Oficina del Inspector General de California hizo público un informe en el que se afirmaba que los funcionarios de las prisiones frecuentemente y deliberadamente se negaban a usar cubrebocas. Ese mismo informe afirmaba que los guardias contaban con poca o nula entrenamiento para cumplir los protocolos del Covid.
Los manifestantes también relataron los casos de algunos reclusos que fueron puestos intencionadamente como compañeros de celda con otros que se sabía eran positivos del Covid. Así fue el caso de Jay Burton, un ciudadano de 48 años, de los cuales 32 ha estado en prisión condenado por error cuando éste apenas tenía 16. Según Courtney Morris, organizadora de NJUC, los funcionarios de la prisión se negaron a poner en aislamiento al compañero de celda de Burton, que fue diagnosticado con Covid el 30 de noviembre. Dos semanas después, Burton resultó positivo. Por esto los manifestantes afirmaron que había «sangre en las manos de Newsom» y que las cerca de 200 muertes relacionadas con el virus en las cárceles de California son «ejecuciones del Estado».
La situación es esencialmente alarmante. Casi una cuarta parte de la población penitenciaria de California tiene más de 50 años, así mismo la edad media de los reclusos ronda los 40 años. Muchos de esos adultos mayores son hijos, padres, maridos y hermanos que llevan décadas privados de su libertad, a veces en aislamiento. Los manifestantes instaron a la opinión pública reflexionar que tantos años en prisión son inhumanos. El ministro King dice que es una tortura, y Nube Brown, directora del Bay View National Black Newspaper de San Francisco, lo calificó como «muerte civil».
Es de sobra conocido que el Covid se propaga rápidamente en espacios cerrados y que California es el estado con la segunda población penitenciaria más alta del país, que además destaca por sus prisiones superpobladas. En 2017, el Instituto de Políticas Públicas de California informó que solo dos de las 35 prisiones en el estado estaban por debajo del total de su capacidad, y trece de esas prisiones por encima del 137 por ciento. Entonces, ¿por qué el Estado se niega a conceder la liberación masiva de presos a pesar de que en el Artículo 7, capítulo 17, sección 8658 del código gubernamental se faculta al Estado para hacerlo en casos de «una emergencia que ponga en peligro la vida de los reclusos»?
Algunos señalan que el 91% de los reclusos han sido acusados de delitos violentos o graves. No obstante, expertos como el profesor, Hadar Aviram, de la Universidad Hastings de California señalan que no existe una relación entre la seguridad pública y la distinción que hace el sistema legal entre delitos violentos y no violentos. Es más, un estudio del Centro de Justicia Penal de Stanford arrojó que sólo el 0.58% de las personas anteriormente encarceladas y condenadas por homicidio, reinciden. Otros recuerdan que entre 2011 y 2015, cuando California redujo su población penitenciaria a 45 mil reclusos, no hubo un repunte de la delincuencia.
Para Brown, el hecho de que un individuo preso haya cometido o no un delito violento no tiene importancia. «Desafío a la gente a pensar humanamente. Digamos que sí cometieron un ‘delito’ y que deben rendir cuentas por ello: pero si no se puede rehabilitar a alguien después de [décadas] de reclusión, eso es una denuncia contra el sistema. [El CDCR] que no está haciendo su trabajo, y eso es lo que tenemos que entender». Para Brown, las liberaciones masivas deben hacerse no sólo porque pueden y deben, sino porque el CDCR no está cumpliendo con su compromiso de rehabilitación.
Cuando se le preguntó a Lia, manifestante y organizadora de Sacramento, por qué creía que el gobernador Newsom se negaba a conceder liberaciones masivas, respondió que «se debe a la raza, a la clase social, al hecho de que este sistema no fue diseñado para protegernos». Se refirió a los afroamericanos, que constituyen más del 25% de la población penitenciaria de California, a pesar de que sólo representan el 6% de la población general en el estado. «Esto es por dinero», dijo, dado que seis días antes de la manifestación, el gobernador Newsom suspendió las órdenes más recientes de aislamiento —una decisión que probablemente aumentará las tasas de transmisión de Covid en todo el estado, mientras se niega a conceder liberaciones masivas— una medida que seguramente disminuiría las tasas de transmisión en las cárceles.
Además, California tiene destinado el peor presupuesto para las prisiones y la educación, del país. La media del gasto estatal para los presos es de unos $64,500 anuales, mientras que para sólo destina un promedio de $11,500 en estudiantes del sistema público. Anualmente, California gasta más de $8.500 millones para mantener a casi 90 mil personas tras las rejas, mientras que el año pasado, sólo destinó $75 millones en fondos de ayuda a los inmigrantes indocumentados, a pesar de que el estado tiene más de 2 millones de inmigrantes, en esta situación, que contribuyen a su economía. Además, el 44 por ciento de la población carcelaria de California es hispana, lo que significa que el problema en California afecta directamente a esta comunidad.
La sobrepoblación carcelaria y la crisis sanitaria en las prisiones no se limita a California. Existe en todo los EEUU, cuya demografía carcelaria se disparó en los años 80 bajo la administración de Ronald Reagan.
Al momento de escribir este artículo, el gobernador Newsom y el CDCR siguen negándose a conceder liberaciones masivas. En su lugar, el 5 de febrero, el mismo día que anunció el inicio del Mes de la Historia Negra en California, el gobernador proclamó el 6 de febrero de 2021 como el Día de Ronald Reagan. Mientras tanto la crisis Covid en las cárceles de California sigue en aumento.
Daniel Márquez estudia Economía Política en la Universidad de Berkeley y es estudiante investigador en el Latinx Research Center (LRC).
La financiación de este informe especial fue proporcionada por la Fundación Akonadi, que apoya al Black and Brown Media Consortium, un proyecto de periodismo colaborativo entre El Tecolote y el periódico San Francisco Bay View.