Adán, es un trabajador indocumentado mexicano que lleva cerca de diez años en los EEUU. Luego de vivir en la calle por algunos años, ahora cuenta con una habitación decente en un hotel de San Francisco. Su principal preocupación es cómo pagar la renta, aun cuando comparando los precios de la ciudad, el costo mensual resulte accesible. A punto de cumplir 50 años y cinco de sobriedad, asiste religiosamente a un programa de trabajo diurno, en busca de empleo. No puede regresar a México por razones complicadas y reconoce que en esta etapa de su vida las perspectivas de un trabajo estable son escasas. ¿Qué tipo de política de inmigración podría establecerse para reconocer su humanidad y resolver su dilema?
A una semana del inicio oficial del segundo periodo del presidente Obama, ha comenzado una loca carrera en el Congreso para presentar enmiendas al paquete de una política migratoria integral. Comienza con maniobras políticas y va dirigida principalmente a cortejar el voto latino. Sin embargo, la retórica sofisticada sobre la inclusión social no contrarrestará las medidas legislativas que mantendrán a muchos latinos a la intemperie y vistos como delincuentes. El paquete integral de inmigración en debate es una medida a medias que establecerá una ciudadanía de segunda clase para aquellos latinos que tengan la suerte suficiente para tener derecho a permanecer legalmente en los EEUU.
Las declaraciones sobre la política integral de inmigración de ambos partidos avivan viejos argumentos, disfrazados de políticas razonables de inclusión social. Algunas ideas son: la no inclusión de todos; el regreso obligatorio al país de origen para recibir el permiso; ir al final de la fila; pagar las tasas e impuestos atrasados; exclusión para recibir cualquier tipo de asistencia estatal, etc. Un plan bipartidista de inmigración siempre implica hacer grandes declaraciones de inclusión mientras se erigen innumerables obstáculos que reproducen la legislación de Jim Crow la cual privó legalmente de sus derechos a los afroamericanos, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda clase.
En la mayoría de la sociedad estadounidense, los latinos documentados o no, permanecen en calidad de sospechosos, debido a la percepción que se tiene de que vinieron ilegalmente. Este pensamiento afirma que si EEUU está dispuesto a aceptar a algunos latinos, deben institucionalizarse precauciones adicionales que prevengan abusos al sistema. El supuesto deseo caritativo de ofrecer amnistía estará tan limitado por cláusulas y sanciones que harán de la travesía de Adán para convertirse en ciudadano, una quimera.
Los fondos federales y contratos no se destinarán en los inmigrantes y los organismos públicos que los atienden. Se dirigirán a fortalecer la organización del control fronterizo, repartiendo contratos privados para una militarización de las fronteras y puertos de entrada, aviones no tripulados, cámaras remotas y sensores, mejores sistemas de control de salida, sistemas de seguimiento y, tal vez, tarjetas de identidad nacional.
Mientras tanto, los latinos que pudieran tener la suerte de empezar su camino hacia la ciudadanía serán catalogados como ciudadanos de segunda clase, sin derecho a recibir prestaciones básicas del Estado pero obligados oficialmente a endeudarse por el pago de impuestos atrasados y multas, sin tener consideración alguna de la vida de explotación bajo la que hayan trabajado. Habrá debate sobre los más insignificantes detalles migratorios.
De cualquier forma, parece existir un acuerdo bipartidista sobre un punto: el llamado a los indocumentados ‘para formarse en la parte de atrás de la fila’, como si los indocumentados corrieran irrespetuosamente delante de otros que estaban en la fila. ¿Acaso estos senadores y congresistas hicieron alguna vez fila frente a las embajadas de los EEUU las cuales exigen honorarios exorbitantes a personas pobres que buscan adquirir visas, para luego sólo ser informados de que no tienen derecho a ella? Ni siquiera en sentido figurado entenderían lo que es permanecer en la fila de espera por años para reunirse legalmente con un miembro de su familia en los EEUU, sufriendo la negativa sistemática a causa de no haber cumplido con algún procedimiento burocrático.
Esta lógica de esperar en la fila fue promovida por el senador republicano de Florida, de origen cubano-estadounidense, Marco Rubio, la cual obliga a los latinos a competir entre sí. El mérito se basará en la utilidad.
Se dará prioridad a inmigrantes altamente cualificados o trabajadores estacionales de bajos salarios, cuya contribución a la sociedad es cuantificable económicamente para el Silicon Valley, las empresas de nueva creación y los negocios agroalimentarios del Central Valley, que necesitan mano de obra barata y oportuna. Mientras tanto, el resto debe aguardar en la parte de atrás de la fila para saber si tienen derecho, por lo menos, para comenzar el camino hacia la ciudadanía.
En todas estas consideraciones, es complicado advertir lo que Adán pudiera obtener de un nuevo proyecto de ley integral de inmigración. ¿Será considerado digno o su multa por intoxicación pública volverá para atormentarlo y hacer que pierda sus derechos? Y si por suerte consigue algún tipo de residencia permanente, ¿tendrá derecho a una atención sanitaria integral o acceso a las posibilidades de educación y readaptación profesional? Su estatus de ciudadano de segunda clase le negará el derecho a toda una serie de servicios sociales. Sería bueno creer en la posibilidad de una política migratoria integral, pero de continuar como están las actuales condiciones y requisitos, ellos serán indicadores de que sólo se puede estar preparado para lo peor mientras se espera llegue lo mejor.
(James Quesada, Doctor, es Profesor Asociado en la Universidad Estatal de San Francisco, Departamento de Antropología)
—Traducción Emilio Ramón