El Tribunal Supremo se alineó al empresario republicano Shaun McCutcheon con una sentencia del 2 de abril que declara anti-constitucional una parte de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, en sus siglas en inglés), y debilita aún más el conjunto de reglas que rigen cómo financiar y llevar a cabo las elecciones de nuestro país.
Es el último desarrollo de una tendencia inquietante que ha visto el Tribunal Supremo en virtud de su Presidente John Roberts, equiparando repetidamente dinero con discurso. El Tribunal ha justificado sus decisiones bajo el argumento de que las acciones que restringen las donaciones políticas son circunstancias que limitan la libertad de expresión.
McCutcheon vs.Comisión Federal Electoral fue el sexto caso de financiación de campañas que el Tribunal Supremo ha juzgado junto con su Presidente, John Roberts, y la sexta vez que dicha instancia falla a favor de la desregulación.
El más significativo de estos casos fue el de Ciudadanos vs Comisión Federal Electoral, una decisión de 2010 que eliminó el límite en la cantidad de dinero que las empresas pueden gastar en candidatos o causas, y permitió a los beneficiarios recibir el recurso sin tener que revelar la fuente.
Ciudadanos Unidos liberó un flujo torrencial de $4.2 billones de ‘dinero negro’ —llamado así porque la identidad del donante se oscurece— en el ciclo electoral de 2012, un registro que se prevé se rompa en las elecciones legislativas de este año.
El fallo respecto a McCutcheon, correspondiente a la Sección 441 de la FECA, hubiera limitado las contribuciones de campaña “agregadas”, o la cantidad total de dinero que los individuos ricos pueden gastar en todos los candidatos federales, los partidos y los comités de acción política en un ciclo electoral de dos años. Según el veredicto del tribunal, ahora una persona puede gastar hasta $3.6 millones en cada ciclo electoral.
Aunque la creciente marea de dinero negro corporativo aún seguirá siendo chiquita comparada con la cantidad con la que un individuo puede contribuir en cada ciclo político (un argumento que los jueces conservadores aducen en defensa de su decisión), sería un error subestimar el impacto de McCutcheon. Por una razón, los individuos que cuenten con $3.6 millones que no necesitan, podrán ahora ejercer mayor control sobre quién resulte elegido en unas elecciones.
Pero el efecto realmente insidioso es su implicación legal a largo plazo. En un artículo publicado luego de la sentencia, Richard Hansen, profesor de derecho y ciencias políticas en la Irvine School of Law de la Universidad de California, escribió que el dictamen ha establecido de manera sutil un precedente para otros desafíos a la FECA, en parte, al definir la palabra “corrupción” —que por
supuesto FECA fue creada para evitar —en el sentido más estricto de pagar de manera flagrante por favores políticos específicos.
¿Por qué es importante todo esto?
Los latinos, el grupo minoritario más grande en los EEUU, y la demografía latina es relativamente joven, lo que significa que su participación en el electorado seguirá incrementándose conforme la juventud latina alcance edad para votar.
En una sociedad democrática verdadera, una mayor participación del electorado debería traducirse necesariamente en mayor influencia en el proceso de toma de decisiones de nuestra nación. Pero, al equiparar dinero con discurso, el Tribunal Supremo privilegia las voces de unos pocos, que pueden permitirse el lujo de lanzar millones en las elecciones, sobre las voces de los muchos. Esto significa que, incluso a medida que continúe creciendo, la población latina probablemente quede marginada y los asuntos que le interesan continuarán siendo pasados por alto.
Fred Wertheimer, presidente de la agrupación de interés público Democracia 21, lo expresó sin rodeos: “Con sus sentencias Citizens United y McCutcheon, el Tribunal Supremo ha convertido nuestro sistema representativo de gobierno en un entorno limitado para los multimillonarios y millonarios a la hora de actuar. Las sentencias del tribunal han otorgado poderes a una nueva clase de oligarcas políticos estadounidenses”.
El hecho de que la regulación de la financiación de las campañas desaparezca está a su vez integrado por un cambio mayor, en el que el gobierno se ha transformado de ser una institución pública en deuda con sus electores, a algo más similar a una entidad privada que ofrece un servicio para los clientes que se lo puedan permitir.
Lo que puede hacer
No perder la esperanza. Si la población se entrega al cinismo, entonces, por supuesto que los intereses monetarios habrán ganado. Votar es ahora aún más importante, no sólo en el sentido práctico de decidir las próximas elecciones, sino también en el sentido simbólico de la demostración de la fuerza latina en los números.
Ninguna parte de la Constitución es explícita respecto a la protección del derecho a prodigar dinero a los políticos, es decir, no hay ninguna razón para que esta tendencia no se pueda revertir, aunque va a ser una lucha.