Esta medida se etiqueta como precursora de ordenanzas que impiden a constructores de la ciudad y concesionarios de negocios acceder a información de los clientes para sus utilidades, redes sociales y otras compañías e individuos que puedan extraer tal información con fines económicos.
Mientras la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ), capítulo California del Norte y el Gremio de trabajadores de medios de comunicacion del Pacífico (The NewsGuild-CWA Local 39521) expresaron esa intención, advierten que el empoderamiento de la Junta podría abrir una puerta para que la ordenanza sea minada legislativamente y, puesto que se ha incluido en la Proposición B, se sienten obligados a oponerse.
También prevén que la medida no será una ley; solamente pondría pautas para una serie de ordenanzas que serían promulgadas el 31 de mayo de 2019, por lo que es pertinente asumir que los supervisores y el presidente municipal podrían sentir presión por parte de la industria tecnológica (el autor de este texto se desempeña en ambas organizaciones.)
La Coalición por la Primera Enmienda, el Consejo del Trabajo en San Francisco, la Liga de Mujeres Votantes de San Francisco, y la Asociación de Planeación e Investigación Urbana de San Francisco y el Area de la Bahia (SPUR) también se oponen a la Proposición B.
La medida añadirá la sección 16.130 al acta constitutiva, que es el cuerpo supremo de la ley en la ciudad, equivalente a la constitución federal y estatal. La primera subsección de ese texto autorizaría a la Junta enmendar la privacidad aprobada por los votantes, sesiones y ordenanzas públicas de forma “no inconsistente” con su intención y propósito.
En la campaña y en las sesiones con la SPJ y otros defensores de Sunshine, el Supervisor del Distrito 3, Aaron Peskin, principal patrocinador de la Proposición B, y su ayudante legislativo Lee Hepner han argumentado que la cláusula “no inconsistente” podría limitar a la Junta de fortalecer el decreto. Sin embargo, ‘fortalecer’ no aparece en la estipulación.
Además, determinar cuáles enmiendas cuentan con un criterio “no inconsistente” sería una actividad subjetiva, y la decisión caería en el procurador de la ciudad, quien según los defensores de Sunshine, entraría en conflicto al ser la persona encargada de defender a oficiales y agencias acusadas de violar leyes locales, estatales, sesiones abiertas y públicas.
Asimismo, la legislación que enmiende las ordenanzas tendría que pasar por el alcalde, y la actual alcaldesa London Breed ha demostrado una fuerte adversión hacia las leyes Sunshine; su historial de conformidad está lejos de ser ejemplar.
Y, si supervisores anti-sunshine recuperan la mayoría de la junta, ellos no podrían ver la cláusula ‘no inconsistente’ como un obstáculo para la debilitación de las ordenanzas. Ellos podrían, por ejemplo, cambiar la composición de la comisión que funciona como guardián del gobierno, el Cuerpo Especial de la Ordenanza Sunshine, para así llenarla de miembros que probablemente permitirían actuar a los infractores.
Hepner y este autor fueron miembros de dicho Cuerpo.
En breve: los defensores de la transparencia gubernamental declaran que la Proposición B no garantiza ninguna de las protecciones que sus auspiciantes anuncian, y la estipulación que permite a la Junta alterar la Ordenanza Sunshine es una píldora lo suficientemente venenosa para hacer que esta medida sea inaceptable.
Richard Knee es un periodista independiente que reside en San Francisco.