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Primero los EEUU: una bomba de tiempo la COVID-19 en el sistema penitenciario

En abril, un aumento en las denuncias de negligencia médica coincidió con el de los decesos en las cárceles de los EEUU debido a la COVID-19.

Los videos publicados en las redes sociales por los reclusos, grabados con teléfonos celulares de contrabando, revelan condiciones no aptas para mitigar la propagación del virus. En la prisión Federal de Fort Dix, un video subido a Instagram mostró a un prisionero vomitando durante un control de temperatura rutinario. En respuesta, los oficiales rociaron al interno con productos de limpieza antes de llevárselo. El siguiente video muestra dormitorios cuyas literas se encuentran a solo tres pies de distancia.

En una entrevista con el Philadelphia Inquirer, Troy Wragg, un preso epiléptico en Fort Dix, estaba preocupado por su supervivencia, con pandemia o no. Wragg detalló su experiencia nocturna: “los sonidos de mi cama sacuden a uno de mis compañeros de litera; luego salta y me agarra la cabeza para evitar una conmoción cerebral y me monitorea durante el episodio para asegurarse de que no muera”.

El relato de Wragg evoca recuerdos de un pasado no muy lejano: la sobrepoblación, junto con la atención médica inadecuada y la negligencia, siguen siendo una constante en la historia de las cárceles del país, y sirven como testimonio de la necesidad de encarcelamiento.

Antes de la década de 1970, la vida de los presos en los EEUU estaba únicamente en manos de sus vecinos. Las cárceles frecuentemente encargan a los reclusos las responsabilidades de los profesionales médicos, pidiéndoles realizar cirugías menores, trabajos dentales (incluidas extracciones dentales), prescripción y suministro de medicamentos y operación de equipos médicos. Las cárceles que tenían profesionales médicos aún no estaban equipadas debido al hacinamiento y la falta de recursos, así como de conocimientos sobre salud mental. Dos casos en Arkansas y Alabama en los años 70 alteraron la trayectoria de la atención médica en las cárceles.

El caso Holt vs. Sarver reveló una negligencia médica generalizada en Arkansas, un ejemplo inquietante encontrado en la Granja de Prisiones de Tuckers donde un médico convicto torturó a pacientes internos con un generador eléctrico de manivela. En Alabama, donde la práctica de los médicos convictos seguía siendo prominente, un paciente epiléptico falleció por negligencia médica. En respuesta a un exceso de casos como estos, la Corte Suprema calificó las condiciones de prisión como “bárbaras” y en violación de la Octava Enmienda, que prohíbe “castigos crueles e inusuales”. La decisión conocida como la decisión de Estelle vs. Gamble convirtió la atención médica en un derecho para los presos, y la Asociación Estadounidense de Salud Pública instituyó las primeras normas nacionales de atención médica para las cárceles.

Hoy, la población carcelaria per cápita del país se ubica como la mayor del mundo con 2.2 millones de encarcelados dentro del complejo penitenciario industrial.

Como dice Angela Y. Davis en su libro ¿Son obsoletas las cárceles?: “El encarcelamiento masivo genera ganancias ya que devora la riqueza social y, por lo tanto, tiende a reproducir las mismas condiciones que llevan a las personas a la cárcel”.

Los delitos cometidos por quienes ingresan al sistema a menudo son síntomas de inequidades sociales como la pobreza y el racismo institucionalizado. Esto significa que muchos nunca han recibido atención médica previamente y sufren por ella. “Alrededor de la mitad de las personas encarceladas en las cárceles estatales tienen al menos una afección crónica. El 10% informa afecciones cardíacas y el 15%, asma, porcentajes mucho mayores que los de la población en general, incluso cuando se comparan grupos de edad similares”, escribe Laura Hawks, MD1,2; Steffie Woolhandler, MD, MPH2,3 y Danny McCormick en su artículo del JAMA Medicine Journal “COVID-19 en prisiones y cárceles en los EEUU”.

Para mantener la salud de esta población y garantizar que, al ser liberados, no supongan una carga adicional para la sociedad, la atención médica garantiza a los reclusos el derecho a exámenes médicos al momento de la entrada y la transferencia, los chequeos, un proveedor de atención primaria y, si es necesario, un especialista o una consulta en los hospitales locales asociados. A pesar de este cambio fundamental, la calidad de la atención sigue ausente y está en desacuerdo con las condiciones internas, que fomentan el desarrollo y la progresión de enfermedades de salud mental.

Los números de suicidios en las instituciones correccionales, así como en las cárceles, han aumentado en los últimos años; un ejemplo clave encontrado en Alabama que, solo en una prisión, tuvo 15 suicidios en el lapso de 15 meses.

“El riesgo de suicidio es tan grave e inminente que la corte debe repararlo de inmediato”, escribió el juez de distrito Myron Thompsons en respuesta a este caso. “A menos y hasta que ADOC (Departamento de Correcciones de Alabama) cumpla con sus obligaciones de la Octava Enmienda, las tragedias continuarán”.

Ilustración: Sage Mace

Las fallas actuales para proteger los derechos de los reclusos a la Octava Enmienda coinciden con un patrón histórico. La sobrepoblación, el hacinamiento y el abandono médico mataron a la mitad de la población de San Quintín en California en 1918. En la crisis del SIDA / VIH de los años 90, la misma deficiencia resultó en tres de cada 10 muertes en prisión. Ahora, el sistema penitenciario enfrenta la pandemia de la COVID-19, y nuevamente el resultado parece sombrío.

Felicity Rose, directora de investigación y política para la reforma de la justicia penal en FWD.us se refirió a la respuesta actual de las cárceles como una “bomba de tiempo”. El hacinamiento prevalece, así como la ausencia de medidas para mitigarlo.

En la Institución Correccional Marion en Ohio, más de dos mil de 2,500 reclusos han dado positivo por COVID-19. Por su parte, en la Correccional Federal Lompoc de Santa Bárbara en California, casi el 70 por ciento de los reclusos dieron positivo. Y en el Trousdale Turner, una prisión privada en Tennessee, 1,299 salieron positivos al virus de una población de 2,444 reclusos.

La solución prioritaria propuesta por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como otras figuras destacadas, se encuentra en el descarcelamiento. Frederick Altice, epidemiólogo de la Universidad de Yale, analiza cómo se vería esto: “Varios países, incluido los EEUU, tienen niveles de encarcelamiento extraordinariamente altos. Ciertamente será posible liberar prisioneros y mantener la seguridad pública”, dijo Altice a The Lancet a principios de este mes.

Altice continúa abogando por el envío de los delincuentes de drogas a programas de tratamiento basados en evidencia como un ejemplo. “Puede sacar a muchas personas del sistema haciendo eso, y estas son personas que tienen un mayor riesgo de comorbilidades como el VIH y la hepatitis C, por lo que hay un beneficio inmediato para la salud pública”.

El proceso de descarcelamiento es una solución a la pandemia, pero también una que debe continuar como estrategia de justicia restaurativa. 

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