Comentario invitado:

Cortesía de Helen Pugh Photography.

Clara se encontraba en muy mala situación. Su pareja siempre tenía un temperamento volátil, y semanas después de perder su trabajo, se volvió violento hacia ella cuando bebía. Desesperada, buscaba salir de la vivienda con su hijo, pero su nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Teniendo en cuenta el alza en el alquiler, no contaba con suficientes ahorros para concluir el contrato de arrendamiento y pagar un nuevo depósito.

Desafortunadamente, esta situación es común para muchos inquilinos que sufren de violencia doméstica. Sobrevivir a la violencia doméstica, al abuso sexual, abuso de ancianos, el acoso o tráfico humano, la capacidad para salir de una situación peligrosa hace la diferencia entre la vida y la muerte. Más de la mitad de todas las agresiones sexuales suceden en la vivienda del sobreviviente.

Por desgracia, muchos sobrevivientes no pueden huir de las situaciones que amenazan su vida debido a las obligaciones de arrendamiento y alquiler adquiridas. Un estudio reciente encontró que más de las tres cuartas partes de los sobrevivientes de agresión sexual que viven en viviendas públicas querían reubicarse debido a que su agresor estaba cerca, no pudiendo hacerlo debido a la falta de fondos y opciones de vivienda

Este mes, el gobernador Brown firmó una ley de la que fui autor, Proyecto de Ley 418, Vivienda segura para Sobrevivientes de Violencia Doméstica, que reafirma el compromiso de California para proteger a estas víctimas. Esta ley otorga de forma permanente a sobrevivientes de violencia doméstica la posibilidad de rescindir un contrato de arrendamiento a fin de que puedan mudarse a una vivienda segura.

También disminuye su obligación de alquiler de 30 a 14 días, lo que permite a los sobrevivientes huir de situaciones peligrosas con mayor rapidez y con menos repercusiones económicas.

Nuestra ley, la cual surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2016, otorga a los sobrevivientes la posibilidad de poner fin a un contrato de arrendamiento con una declaración de un consejero de violencia doméstica, consejero de abuso sexual, trabajador social o un profesional de la salud. Con este proyecto de ley, el sobreviviente ya no tiene que presentar una denuncia policial o navegar por un sistema de tribunales de familia desafiantes y burocráticos a fin de obtener una orden de restricción. La AB 418 facilita este proceso a inmigrantes que sufren de violencia familiar, a través de la red de organizaciones de violencia y de salud nacionales que cuentan con personal bilingüe que pueden ayudar manteniendo la confidencialidad.

Como legisladores, se nos confía la aprobación de leyes que protejan a los más vulnerables en nuestras comunidades.

Como hijo de inmigrantes y como ex fiscal penal, sé que la AB 418 es una de esas leyes. Permitir que los consejeros y defensores de confianza ayuden a un sobreviviente para librar una situación de violencia podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Romper un contrato de alquiler o el pago de dos semanas extra de alquiler no debe ser la diferencia entre una situación de abuso y un refugio seguro.

Agradecemos al gobernador Brown el apoyo hacia los sobrevivientes de violencia doméstica, así como a nuestra amplia coalición, la que incluye la Asociación de California para Terminar con la Violencia Doméstica, Consorcio Violencia Doméstica de San Francisco, Centro Occidental de Derecho y Pobreza, Proyecto Nacional de Ley de la Vivienda, y la Conferencia Católica de Obispos de California.

David Chiu es asambleísta demócrata representante de San Francisco.