Cientos marchan el 15 de noviembre por las calles Misión y 24 para demandar justicia por los 43 estudiantes desaparecidos el mes pasado en Iguala, Guerrero, Mexico. Los manifestantes inundan las calles marchando por las calles Misión, Valencia y Market, hasta llegar cerca del centro comercial Westfield. Foto Santiago Mejia

Por Tim Porter

Los 43 alumnos universitarios asesinados murieron luego de que el 26 de septiembre tomaran camiones urbanos y bloquearan una carretera, forma común de protesta política en México, y al hacerlo se metieron en los planes de la esposa del alcalde de Iguala, una de las ciudades más corruptas y violentas en Guerrero, también uno de los estados más corruptos y violentos en México. Ella iba rumbo a dar un discurso, y al encontrar la calle bloqueada, llamó a su esposo, José Luis Abarca quien ordenó a la policía local atacarlos. La policía entregó a los alumnos a una pandilla criminal asociada con el narco que controla la región.

Y los jóvenes desaparecieron.

Todo esto sucedió con la misma impunidad tanto del alcalde, la policía y los narcos que infectan a todo México y que por décadas ha permitido que asesinos sigan sin miedo a ser castigados.
Desde el comienzo de lo que se ha venido a llamando guerra contra el narcotráfico en México, emprendida en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, la cifra oficial de víctimas por la violencia en México registra 60,000 muertos, número oficial. Extraoficialmente, observadores de los derechos humanos calculan que la cifra asciende al doble.

Para poner esa cifra en perspectiva, hay que considerar que 58,220 estadounidenses murieron en la guerra entre los EEUU y Vietnam, un conflicto que incitó a mi generación a llenar las calles de la capital en protesta y, eventualmente, causó grandes cambios en la sociedad.

Por supuesto, Vietnam era una guerra estadounidense para la cual existía un reclutamiento que generaba mayor resistencia contra el conflicto. Ahora bien, es posible imaginar una guerra con semejante mortalidad, que está ocurriendo en un país visitado por 6 millones de estadounidenses cada año, que achispe un poco de rabia aquí.

Sin embargo, no es así.

Hasta ahora, la postura oficial de los EEUU ha sido poco más de un encogerse de hombros. La administración del presidente Obama ha descrito el destino de los 43 alumnos y la respuesta insípida del gobierno de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, como “preocupante”.

Eso puede cambiar. Las manifestaciones callejeras que comenzaron en Iguala después de la desaparición de los estudiantes se han extendido a lo largo del país y se han vuelto violentas en el DF. Peña Nieto, que ignoró los secuestros por muchos días, antes de mencionarlos públicamente y luego salió del país para una reunión de comercio en China, ha regresado a escuchar a un número cada vez mayor de gritos pidiendo su renuncia (avivados en parte por la revelación de que él y su esposa, una actriz de telenovelas, poseen una casa con un valor de $7 millones en la capital).

Los medios de comunicación estadounidenses están reportando cada vez más el escándalo y las comunidades méxico-americanas en este país están organizándose y marchando con la esperanza de ganar mayor atención pública. Una de esas marchas ocurrió el sábado pasado en San Francisco, cuando 500 personas se encontraron en la esquina de los calles 24 y Misión, el corazón de la comunidad hispana de la ciudad, para caminar hacia el centro. Más manifestaciones están planeadas, una en coordinación con una huelga general a celebrarse en México el 20 de noviembre, aniversario de la revolución Mexicana, y otra en diciembre en 43 ciudades estadounidenses.

¿Qué puedes hacer?
Marcha. Camina en las calles con los mexicanos que han venido a nuestro país, legal o ilegalmente, escapando de la misma corrupción que ha causado la muerte de los 43 estudiantes. Con más de 33 millones de mexicanos viviendo en los EEUU, esta guerra es tan nuestra como de ellos.