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La sentencia atroz del Supremo Tribunal sobre servicios para inmigrantes

Denunciamos la sentencia del Supremo Tribunal de los EEUU emitida el 27 de enero, respecto a la norma sobre carga pública que permite al Departamento de Seguridad Nacional denegar la entrada o el estatus legal a quienes puedan requerir asistencia pública, tales como beneficios en efectivo, vivienda o alimentos, por más de un año, en un período de tres años, misma que entra en vigor excepto en Illinois, donde sigue vigente una medida cautelar.

Este fallo, arraigado en el odio, es un atentado hacia nuestras comunidades de inmigrantes. Un esfuerzo de la administración y sus políticas nativistas para limitar la inmigración por cualquier medio necesario, y un paso más para deshacer nuestro sistema de inmigración, exponiendo a la gente por falta de atención médica, de vivienda, y al mismo tiempo, una táctica persuasiva de obtener los recursos sociales que necesita para poder sobrevivir y prosperar.

“Nuestras comunidades de inmigrantes ya están entre las económicamente más marginadas dentro de los EEUU. Esta decisión disuadirá a las familias de acceder a los recursos de calidad de vida; y tendrá un alto impacto económico en las familias inmigrantes y de estatus mixto. Afectará su capacidad de acceder a vivienda asequible, programas nutricionales y otros recursos financiados por el gobierno federal. Tendrá consecuencias imprevistas como una mayor discriminación racial y burocrática, y representará un gran costo para los estados con grandes poblaciones inmigrantes como resultado del desfinanciamiento federal’, explica Kitzia Esteva-Martínez, directora conjunta de Derechos Comunitarios en Causa Justa.

Esta vasta expansión es otra capa en las políticas de raza y clase que la administración utiliza para separar a las familias y atacar a los inmigrantes, al permitir a los agentes indagar a fondo en las puntuaciones de crédito, de riqueza, edad y en los antecedentes escolares de los solicitantes de estatus migratorio y decidir si son ‘dignos’ de estar aquí. Estos son juicios de valor que afectan a los inmigrantes afrodescendientes y latinos.

La norma de carga pública tiene una historia vergonzosa impregnada de racismo, como señaló el Washington Post: “Lo más notorio es que a cientos de miles de personas se les negó la entrada durante la década de 1930. A pesar del ascenso de Hitler y del sentimiento antijudío en Europa, los líderes del Departamento de Estado indicaron a los oficiales consulares utilizar la disposición de carga pública para impedir la entrada a los refugiados judíos. Incluso después de que el Departamento de Estado abandonara de forma tardía el uso de la ley para atacar a los refugiados judíos, continuaron utilizándola décadas después para impedir que homosexuales, lesbianas y personas discapacitadas consiguieran visas. En la década de 1990, la disposición bloqueó cerca del 20 por ciento de los solicitantes de visas de inmigrante”.

Por su parte, Erin Quinn, abogado principal del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés), dijo: “La medida cautelar revocada por el Supremo Tribunal el lunes, fue lo único que impidió que esta política cruel entrara en vigor —una política que intencionalmente infunde miedo entre los inmigrantes de bajos ingresos de utilizar servicios y programas a los que tienen derecho. El efecto escalofriante de esta norma es mayor que su alcance legal: utiliza la confusión y la retórica para disuadir a las familias de recibir la atención y los recursos que necesitan para mantenerse saludables y prosperar.

La mayoría de los inmigrantes y sus familias no se ven afectados por esta norma. Es esencial que las comunidades de inmigrantes sepan: muchas todavía son candidatas para recibir los servicios y beneficios que necesitan y a los que tienen derecho a recibir. Le pedimos al Congreso que tome medidas inmediatas, que implemente una legislación que le aclare a la administración que una interpretación de un siglo de la ley promulgada no debe anularse a través de la acción de la agencia, especialmente para establecer pruebas de riqueza que lleven a cabo una agenda antiinmigrante”.

El ILRC ha proporcionado un recurso útil para entender lo que significa la norma de carga pública. Instamos a los miembros de la comunidad afectados a buscar asesoría legal con respecto a esta disposición. En California, el CJJC continuará proporcionando capacitaciones con nuestros socios de Asociación Legal y Educativa de Inmigración del Condado de Alameda (ACILEP) y Red Legal y Educativa de Inmigrantes de San Francisco (SFILEN) para proporcionar información actualizada y capacitar a nuestra base de inmigrantes para defender sus derechos.

Estos son los momentos en que tenemos que luchar más que nunca y mantenernos firmes en nuestros valores humanos y en contra del fascismo. En los próximos meses tendremos que avanzar en soluciones a nivel estatal y local para aquellos miembros de la comunidad afectados por la carga pública y fortalecer la capacidad de nuestro estado y condados para proporcionarle a nuestra gente el bien estar que el gobierno federal se niega a servir.

Seguiremos con nuestros aliados, poderosamente juntos, porque somos #Mayoresqueelmiedo.

Hacia adelante, en nuestra lucha por la liberación. 

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