COLUMNA DE DERECHOS DEL INQUILINO

J. Scott Weaver, Columnista

Los propietarios buscan razones, por frívolas que sean, para desalojar inquilinos que pagan alquiler bajo, para así tomar ventaja del mercado de rentas astronómicas de San Francisco. Las organizaciones de los derechos de los inquilinos de la ciudad, tales como el Sindicato de Inquilinos de San Francisco, Causa Justa y el Comité de Derechos de la Vivienda, han informado sobre un aumento en desalojos. Propietarios que no tienen problemas con sus inquilinos (más allá de que estos paguen muy poca renta) revisan a fondo sus contratos de renta (a veces de entre 6 y 12 páginas) para encontrar una cláusula, cualquiera, que el inquilino pueda haber infringido, no porque le moleste la infracción, sino por su intención de que el inquilino se vaya.

Hay muchos ejemplos de esta práctica. En una ocasión, un inquilino que salía a la calle a fumar se le acusó de infringir la prohibición de ello pese a que el contrato solo restringía fumar ‘dentro del edificio’. En otro caso, desalojaron a una inquilina por recibir a un huésped (su novio) más de 14 días en un año fiscal.

Recientemente, inquilinos en Chinatown fueron amenazados con el desalojo por colgar su ropa afuera a secar, y poner letreros de Feliz Año Nuevo Chino en las puertas de sus apartamentos.

La Junta de Alquiler en San Francisco ha reportado que en los últimos cinco años ha habido un incremento abrupto en las notificaciones de desalojo que tienen su base en una supuesta infracción del contrato: de 399 en los doce meses anteriores al 28 de febrero de 2010, a 738 en el período de 12 meses que terminó el 28 de febrero de este año. Es dudoso que este incremento se deba a que más inquilinos se porten mal. Hay más probabilidad de que los propietarios usen los desalojos como una estratagema para tomar ventaja de este mercado de renta.

Un cuarto luce vacío luego de que recientemente fuera desocupado por uno de sus inquilinos que recibió notificación de desalojo. Foto Diana K. Arreola

La Junta de Alquiler también reportó que se duplicaron los desalojos basados en lo que se conoce como “propósitos ilícitos”, de 42 en los doce meses que terminaron el 28 de febrero de 2014 a 91 en el período siguiente de doce meses. Generalmente, estos desalojos son en contra de inquilinos que viven en unidades ilícitas (por ejemplo, vivienda adicional o viviendas para residir y trabajar). En estos casos los propietarios fundamentan el desalojo bajo el supuesto de que la vivienda es utilizada con propósitos ilícitos (por ejemplo como residencia, cuando los códigos de construcción no lo permiten). Así es, un propietario que desde un principio alquila una vivienda ilegal, luego desaloja a sus inquilinos por uso con propósitos ilícitos.

Si usted está pasando por un desalojo, o esta bajo amenazas de desalojo, existen organizaciones comunitarias que pueden ayudarlo a proteger sus derechos. Causa Justa (415 487 9022), el Comité de Derechos de la Vivienda (415 703 8644) y la Unión de Inquilinos de San Francisco (415 282 6622) son organizaciones que han tenido exito luchando contra estos abusos. Pero, claramente, se necesita hacer más para detener la ola de desalojos.

Jane Kim, superintendente del Distrito 6, dio a conocer una legislación el 12 de mayo, diseñada para tapar algunas de las fisuras del Reglamento de la Renta de San Francisco. Conocida como ‘Causa Justa 2.0’, es considerada por muchos activistas de vivienda como el código mas importante de protección contra desalojos en más de una década. Entre otras cosas, exigirá que el propietario demuestre que el motivo principal para el desalojo es “la causa justa” proclamada en la Notificación de Desalojo. También requerirá que en toda infracción del contrato se trate de una cláusula esencial. Además, expresa específicamente que el motivo de “propósito ilícito” no incluye la ocupación de una vivienda ilegal.

J. Scott Weaver es desde hace mucho tiempo un activista pro vivienda e  inquilinos y trabaja con la Coalición Plaza 16 y la Unión de Inquilinos de San Francisco. Forma parte de la Junta Directiva de Acción Latina.

— Traducción Sandra Valmaña Lastres