Una coalición estatal de inquilinos y defensores de la vivienda recaudó más de 595 mil firmas para poner la Proposición 10 en la boleta electoral de noviembre. Dicha proposición permitiría a los gobiernos locales otorgar protección de control de alquileres a más californianos y ayudar a aliviar la crisis de accesibilidad a los alquileres. Aquellos que controlan los bienes raíces están invirtiendo decenas de millones de dólares para derrotarla (y para mantener los alquileres a niveles cada vez más elevados). Ya nos han inundado con anuncios de televisión y folletos diseñados para confundir y desinformar a los votantes. Entonces, hablemos de lo que la Proposición 10 hace y no hace.
La Proposición 10 anulará la Ley de Vivienda Costa-Hawkins, la cual fue aprobada en 1996 a instancias del lobby de bienes raíces. La Ley Costa-Hawkins restringió la cantidad de ordenanzas locales de alquiler que podían controlar la renta. Bajo dicha ley el propietario puede cobrar a sus inquilinos la cantidad de renta que desee en: 1) casas unifamiliares y la mayoría de las unidades de condominio, 2) edificios construidos después del 1 de enero de 1996 (o, en el caso de San Francisco, junio de 1979), y 3) cada vez que la vivienda quede vacante.
Una vez que el nuevo inquilino se traslada a la unidad vacante, el alquiler se controla a partir del nuevo nivel de alquiler (llamado ‘control de vacantes’). Esta última disposición en realidad alienta a los propietarios a deshacerse de los inquilinos que pagan menos, para así subir el alquiler a los nuevos inquilinos.
La Proposición 10 eliminaría estas restricciones y permitiría a las ciudades decidir si los inquilinos deben ser protegidos en estos casos. Así que ahora sabemos por qué las grandes propiedades inmobiliarias están invirtiendo tanto dinero para derrotarla.
En realidad, nuestro sistema de vivienda actual está roto y Costa-Hawkins es parte del problema. Las altas rentas y los desplazamientos han resultado en dificultades considerables para los californianos y sus familias. En la Misión, hemos presenciado cómo las rentas más altas pueden conducir a un desplazamiento masivo y al lento deterioro de una comunidad. ¿Y para qué? Para que un puñado de personas se enriquezca a costa del resto. La Proposición 10 es el primer paso para solventar esta crisis.
Big Real Estate argumenta que la Proposición 10 aumentará los impuestos y aumentará el costo del gobierno. Es cierto, pero la cantidad del aumento es mínima. Fuera del presupuesto de $10 mil millones de San Francisco, la Junta de Rentas de San Francisco gasta alrededor de $7 millones para hacer cumplir la Ordenanza de Alquiler, menos de una milésima parte del presupuesto total. Un pequeña cantidad a cambio de mantener a las personas en sus hogares.
También dicen que los propietarios de viviendas no podrían alquilar habitaciones si se anulara la ley Costa-Hawkins. Este argumento supone que los gobiernos locales optarían por imponer regulaciones tan ‘excesivas’ que los pocos propietarios que alquilan habitaciones ya no lo harían. Es irónico ya que la gran cantidad de fondos que se está gastando en la campaña en contra provenga de multimillonarios que tienen participaciones masivas en bienes raíces en California, especialmente en condominios y casas unifamiliares. También se argumenta que la Proposición 10 desplazará a las personas mayores y con ingresos fijos, lo que es ridículo. Por supuesto, que no explican cómo el proporcionar protecciones para el control del alquiler resultaría en el aumento de las rentas o causaría el desplazamiento, porque no lo haría.
Finalmente, los que se oponen argumentan que de aprobarse tal proposición, las ciudades impondrán límites estrictos sobre la cantidad de alquiler que se podría cobrar en edificios nuevos. Es muy poco probable. Antes de Costa-Hawkins, las localidades tenían libertad de imponer el control de los alquileres en las nuevas construcciones, pero no lo hacían. Bajo la ordenanza más radical (Berkeley), el control de alquileres se impuso a las nuevas construcciones solo después de 15 años de operación, dando a los constructores tiempo suficiente para recuperar su inversión, lo cual no parece impactar.
En una época donde la necesidad de construir más vivienda es obvia, no hay razón para creer que una ciudad impondría un control de alquiler tan estricto como para desalentar la nueva construcción. Incluso algunos de los defensores más ávidos de ‘construir, construir, construir’ se han dado cuenta que este argumento es falso y apoyan la Proposición 10. El argumento de los oponentes es puramente especulativo.
Nuestro sistema de vivienda averiado ha creado la actual crisis de asequibilidad que afecta a los inquilinos en todo el estado. Costa-Hawkins ha desempeñado un papel importante en el encrudecimiento de esta crisis. Es hora de darles a los gobiernos locales algunas de las herramientas necesarias para estabilizar la renta y aliviar la crisis que sus ciudadanos siguen enfrentando. Es hora de votar ‘Sí’ en la Proposición 10.
J. Scott Weaver ha sido activista de la vivienda e inquilinos por mucho tiempo, así como abogado que trabaja con la campaña Salvar la Misión y con el Sindicato de Inquilinos de San Francisco. Forma parte del Consejo de Directores de Acción Latina.