Manifestantes protestan en la Mision en contra de la Proposición 187, en 1994. Foto Vernardo Murphy/El Tecolote Archives

Mientras seguimos padeciendo un año de retórica antinmigrante en la política nacional, un proyecto de ley en California, pendiente de firma por parte del Gobernador Jerry Brown, —el Proyecto 2532— ofrece a nuestro estado la posibilidad de demostrar que vivimos en una zona de inclusión. Y de que existen motivos para sentirnos optimistas. California es un estado diferente, política y legislativamente, de lo que fue hace 20 años.

Un catalizador importante en este cambio, que los analistas citan constantemente, fue la Proposición 187, la infame iniciativa antinmigrante de 1994.  La reacción a ésta, incendió la defensa de la comunidad latina y de muchos otros en nuestro estado. Desafortunadamente, la Proposición 187 no fue el único ejemplo de legislación antinmigrante en California en ese entonces —cuando éramos la Arizona de los 1990. California aprobó su primera legislación que negaba permisos para manejar a los inmigrantes indocumentados, una política que fue recientemente revertida después de años de lucha. Otros esfuerzos prevenían a los colegios y universidades públicas de cobrar matrículas más bajas a los inmigrantes indocumentados —la cual fue rectificada en 2001.

Sin duda, tanta legislación antimigratoria fue presentada a la legislatura de California en esa época, con un sinnúmero de ellas implementadas, que resulta difícil identificar su impacto a través de los años. En 1993, la propuesta 733 al senado, firmada por el gobernador Pete Wilson, principal promotor de la Proposición 187 un año más tarde, es uno de esos esfuerzos ya olvidados de aquellos infames días.

Aunque el proyecto de ley fue apoyado por la Federation for American Immigration Reform (FAIR), una organización antinmigrante de extrema, identificada actualmente como un grupo de nativos que rechaza a cualquier inmigrante, la propuesta 733 fue aprobada y avalada por ambos partidos. El proyecto de ley impuso una carga innecesaria a aquellas organizaciones no lucrativas y pequeños negocios los cuales otorgaban servicios de empleo tales como entrenamiento y trabajo. Requería —y a la fecha lo hace— que los proveedores verifiquen el estatus migratorio y autorización de trabajo para poder recibir sus servicios. Se impuso esta obligación aunque la ley federal, desde 1986, ya requería que cada empleador y cualquier persona a quien se le paga por referir a otra a un trabajo, verificara el derecho a un trabajo de aquellos a quienes emplean o sirven.  Además, la SB 733 también requiere que aquellos que proveen servicios de empleo deben anunciar públicamente que solo sirven a aquellos autorizados para trabajar.

La SB 733 representa lo peor de la ley antinmigratoria. Responde a un problema que no existe —sin explicar por qué a alguien a quien se le prohíbe trabajar, según la ley federal, vaya a requerir los servicios de una agencia de empleo. Ha impuesto una carga costosa a negocios e individuos porque se duplica la ley, en algunos casos, y es innecesaria, en otros. Finalmente, fue endosada por un grupo de nativos con una agenda más extensa, donde la política de la propuesta de ley no era la prioridad, sino que existían objetivos más simbólicos.

Afortunadamente, la legislatura de hoy en California va en camino a eliminar estos restos del pasado. Hemos trabajado en conjunto este año en la AB 2532, un proyecto de ley más sensible que revoque la AB 733 en su totalidad, aliviando a los negociantes y a las agencias no lucrativas de costos innecesarios, de legislación gubernamental innecesaria, y elimine esta mancha anti-migratoria de nuestros códigos legales.

La AB 2532 va en camino de recibir la firma del Gobernador Jerry Brown. Le pedimos a él que firme este proyecto de ley, el cual envía un mensaje a esos golpes malignos en contra de los inmigrantes, de que no tienen lugar en la legislación de California. Podemos y debemos continuar nuestra separación de ese pasado anti-inmigratorio.

El demócrata David Chiu es miembro de la Asamblea, representante del este de San Francisco. Thomas A. Saenz es presidente y consejero general de la Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF).