Con la aprobación de algunas disposiciones de la controvertida ley SB 1070 de Arizona en las últimos días de julio, mucha gente ha manifestado activamente su posición sobre la ley. Los que se oponen argumentan que bajo esta ley se detiene a personas simplemente por su etnicidad y el color de su piel. Ello afecta a todos los latinoamericanos en general, pero, sobre todo, a los mexicanos y centroamericanos en particular.

Los que se muestran a favor —como su autor el senador Russell Peirce, republicano por Mesa— sostienen que la ley es necesaria puesto que el Estado de Arizona tiene derecho a defenderse de la invasión de inmigrantes ilegales que atraviesan sus fronteras, y que el gobierno federal no está haciendo nada para impedirlo.

La gobernadora de Arizona Jan Brewer —que está a favor de la ley— declaró al diario New York Times que la ley “… proporciona una herramienta necesaria para la policía en un estado fronterizo…”

Para los oponentes a la  SB 1070 —entre los que se encuentra El Tecolote— la ley tiene un claro contenido racista, en este caso fomenta la discriminación por origen racial contra la comunidad latina de Arizona.  La ley hará que los residentes legales se conviertan en objetivos de la policía, así como aquellos que están aquí sin papeles.  No se ocupa de los miles de europeos, canadienses y otros inmigrantes blancos, cuyo estatus legal cambia tranquilamente cuando expira su visado.

Estamos preocupados por el hecho de que esta ley —claramente defectuosa y que atenta contra derechos civiles— pueda sentar un precedente para otros estados con creciente presencia de poblaciones latinoamericanas. ¿Queremos que la policía local se comporte como el Sheriff del Condado de Maricopa Joe Arpaio, que favorece vilmente el cumplimiento de las leyes de inmigración y las redadas indiscriminadas por encima de las investigaciones criminales? Arizona ya representa el 25 por ciento de las deportaciones nacionales bajo el notorio Arpaio. Lo bueno es que el Departamento de Justicia acaba de presentar una demanda contra Arpaio por negarse a cooperar en sus investigaciones sobre las violaciones de los derechos civiles de los latinoamericanos.

En este enrarecido panorama, apareció la figura de la juez Susan Bolton que en su fallo prohibió temporalmente a los agentes de la autoridad estatales y locales iniciar comprobaciones sobre el estatus migratorio basado en la sospecha de ilegalidad y arrestar sin orden judicial, con el argumento de que tales arrestos resultarían en deportaciones. El estado de Arizona, por el momento, no puede mantener bajo custodia a personas que hayan sido arrestadas por otros delitos, mientras se comprueba su estatus migratorio. Y el estado no puede aplicar la disposición de la ley que convierte en delito estar en Arizona sin papeles. La juez establece en su fallo que estas disposiciones podrían resultar en el arresto de americanos, residentes legales y turistas extranjeros en redadas. Bolton también incluyó en su fallo una disposición contra los inmigrantes ilegales que solicitan trabajo en lugares públicos —un claro ataque contra los jornaleros.

Pero, por encima del enconado debate que suscita la SB 1070, subyace una realidad mucho más profunda y seria. El sufrimiento humano de aquéllos que están siendo deportados y que, además, tienen que sufrir la angustia de la separación de sus hijos. El Tecolote quiere saber: ¿qué pasa con los hijos nacidos aquí de padres deportados? ¿Quién se hace responsable de ellos?, ¿el sistema de foster care del estado de Arizona que se las ve y se las desea para atender las necesidades de 10.000 niños?

Como periódico que ha tratado siempre de servir con lealtad a los intereses de la comunidad latinoamericana a lo largo de los últimos 40 años, El Tecolote quiere expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos latinoamericanos de Arizona que están sufriendo el terrorífico azote de esta legislación racista, y también con todos los inmigrantes que están en una situación similar alrededor del mundo.

Durante cientos de años los inmigrantes han proporcionado la sufrida mano de obra que ha construido y fortalecido muchas industrias globales. En los EEUU la mano de obra ha construido el mega negocio agrícola y ha ayudado a estabilizar un número enorme de restaurantes locales.

Seamos serios, la economía está en bancarrota y muchas personas están sin trabajo y sufriendo. Pero señalar a los inmigrantes latinoamericanos como cabezas de turco y causantes del problema y crear la SB 1070 y medidas similares, no es la respuesta y sólo engendrará más problemas.

El Tecolote dice, vayamos al meollo de la cuestión: las corporaciones que han cerrado sus sedes sindicales en los EEUU, devastando ciudades enteras y se han mudado a países en desarrollo donde no hay protección laboral ni leyes medioambientales. El presidente Obama necesita ser conocido como el líder que logró hacer responsable el poder de las corporaciones en lugar de ser el campeón de las deportaciones.

Para nosotros ninguna persona es “ilegal”, y hacemos un llamado por un política inmigratoria justa que proteja los derechos de los inmigrantes y reconozca su tremenda contribución en la construcción de este país.