Ha pasado más de una década desde que los mercados financieros colapsaron en 2008, lo que provocó la ejecución hipotecaria de viviendas, la pérdida de millones de empleos y la miseria para muchos. Los estadounidenses todavía sienten los efectos de esta crisis, pero para Wall Street estos efectos se deletrean con un signo de dólar.

Según KQED, desde que PG&E, la empresa de servicios públicos masivos de California, presentó la protección del Capítulo 11 en enero de 2019, los abogados y consultores han ganado $217 millones. Los bancos corporativos han retirado $114 millones en tarifas de financiamiento, una cifra que podría superar los $1 mil millones para cuando PG&E salga de la bancarrota el próximo año.

Esto es producto de un discurso que culpa a Wall Street de la crisis financiera que está siendo impulsado por un nuevo documento de trabajo, publicado por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia en diciembre de 2019. Este documento resalta algo que los estadounidenses trabajadores saben desde hace mucho tiempo: Wall Street es el enemigo del estadounidenses común y corriente, lucrará de su desesperación y miseria.

La banca pública es la solución. En términos generales, un banco público, en el contexto de un municipio  tan grande como San Francisco, significa que aproximadamente $11 mil millones en impuestos de los residentes estarán bajo el control financiero de la Ciudad y quién son responsables ante los funcionarios electos. Esto se opone a cómo funciona el sistema bancario actualmente, que está bajo el control del Bank of America.

La AB 857, que se aprobó a principios de octubre de 2019, es el primer paso para el control público de estos fondos. Dicho proyecto de ley permite “el préstamo de crédito público a bancos públicos y autorizar la propiedad pública de los bancos públicos”.

La AB 857 es sólo un paso en un sprint completo hacia el control público sobre el dinero de la Ciudad. Fue copatrocinado por el asambleísta del Distrito 17, David Chiu, y defendido por activistas locales como una señal de progreso en un entorno económico brutal.

Ilustración: Chiara Di Martino

“AB 857 se trata realmente de asegurarse que el dinero del pueblo se utilice para beneficiar al pueblo”, dijo Chiu a El Tecolote. “Actualmente, una parte de nuestros impuestos van a algunos de los bancos más grandes de Wall Street en forma de tarifas y altas tasas de interés. Creo que la banca pública podría proporcionar una vía más eficiente y benéfica para mantener el dinero del público seguro e invertir en esfuerzos comunitarios valiosos”.

La banca pública que proporciona una forma más efectiva de administración del dinero para el pueblo es un sentimiento que gana terreno con los trabajadores y políticos en todo el estado e incluso en todo el país.

“Desde organizaciones de defensa de la banca pública, abogados de derechos civiles, defensores del medio ambiente, activistas del partido demócrata y otros, muchas personas participaron en la obtención de este proyecto de ley histórico”, afirmó Chiu.

Este frente unificado de trabajadores, organizadores y políticos es lo que ha puesto a la banca pública a la vanguardia de la discusión política tanto en California como en todo el país.

“No tiene sentido llenar los bolsillos de los inversores de Wall Street con dólares de impuestos públicos cuando podríamos invertir ese dinero en nuestras comunidades locales”, afirmó Chiu. “Además, muchas instituciones financieras grandes invierten en industrias (combustibles fósiles, fabricación de armas, prisiones privadas, centros de detención de inmigrantes) a las que se oponen la mayoría de los californianos”.

El apoyo por la banca pública se ve claramente reforzada por una oleada de personas, a través de los partidos, que ven las inversiones de California en grandes bancos conglomerados no sólo como inmorales sino insostenibles.

La Supervisora del Distrito 1, Sandra Fewer, también ha impulsado el movimiento de la banca pública en los últimos meses con la legislación introducida en noviembre del año pasado que establece un segundo grupo de trabajo municipal centrado en cómo sería el proceso y posiblemente redactando un plan de negocios.

“Esta legislación [AB857] cambia el juego y permite que el estado forme y constituya bancos públicos locales o regionales, una opción que antes no existía”, dijo Fewer a El Tecolote. “Hemos dado muchos pasos hacia un banco público durante mis tres años en la Junta de Supervisores, pero el siguiente paso necesario para avanzar en este proyecto es el desarrollo de un plan de negocios”.

Tanto Chiu como Fewer también se centraron en cómo un banco público ayudaría a reenfocar el poder financiero de San Francisco desde la suscripción de ganancias corporativas hasta la inversión en vivienda asequible y pequeñas empresas.

Estos han sido los puntos clave de los organizadores de la Coalición del Banco Público durante todo el proceso y fue algo que algunos organizadores locales sintieron que el primer grupo de trabajo se quedó corto. A nivel local, el movimiento de los bancos públicos ha sido impulsado en gran medida por organizadores más jóvenes y progresistas que han trabajado incansablemente para llevar esta conversación a la vanguardia de la discusión política estatal.

Kurtis Wu, cofundador de la Coalición del Banco Público de San Francisco, es uno de esos organizadores. “AB857 fue una gran victoria para nuestra coalición. No solo demostramos que podíamos aprobar una legislación tangible, sino que nos demostramos a nosotros mismos que podemos enfrentar una de las industrias más poderosas, Wall Street, y ganar. Sabemos que la pelea no ha terminado y necesitamos llevar energía al nivel local”, dijo Wu. 

Sin embargo, la iteración previa de un grupo para la banca pública, que difundió un informe en marzo de 2019, no cumplió con lo esperado por los organizadores.

El grupo incluyó tres modelos para establecer un banco público; ninguno de los tres proporcionó una evaluación honesta de un banco público como INVERSIÓN en lugar de GASTO, ni proporcionó un análisis sobre cómo escalonar hacia un banco público disminuyendo los costos iniciales.

“Es importante que el grupo enmarque esto como una inversión, no simplemente como costo,” dijo Kurtis Wu, cofundador de la Coalición del Banco Público de San Francisco. “Creo que el grupo debe tener un enfoque más holístico sobre la idea de crear un banco público, teniendo en cuenta el retorno de las inversiones, las externalidades con el sistema actual y los costos de oportunidades perdidas al no tener un banco público actualmente”.

Esto, junto con un plan de negocios, ayudaría a aliviar las inquietudes públicas o institucionales sobre una gran revisión de los fondos municipales, como un cambio a un banco público. Una ciudad tan grande y llena de capital como San Francisco no podría cambiar de la banca privada a la pública de la noche a la mañana, requeriría un aumento del banco público y una eliminación gradual de la inversión de Wall Street y en el primer informe ofrecido no existe tal plan, solo muestra los enormes costos iniciales de un cambio inmediato de la banca municipal privada a la pública.

“El informe anterior exageró los costos iniciales y el cronograma para alcanzar el punto de equilibrio”, dijo Wu. “Creo que, en general, el grupo anterior pudo haber hecho un mejor trabajo al diseñar un plan más claro para establecer un banco público”.

Wu especificó que la coalición esperaría ver a este grupo formado por “expertos financieros, incluyendo representantes de bancos comunitarios y cooperativas de crédito, y miembros de la comunidad con experiencia en cuanto a vivienda asequible, energía renovable, préstamos estudiantiles, pequeñas empresas, etc.”

Wu destacó cómo un banco público y el proceso de devolver la banca municipal a las manos de los residentes sólo puede tener éxito si la estructura que crea dicho banco está “verdaderamente representada por la gente”.

La crítica al grupo de banca pública anterior se centró en la categorización errónea de una inversión, en comparación a un costo con respecto a las etapas iniciales de un banco público. Algunos de los altos costos iniciales no se compararon con el costo de continuar el camino bancario actual.

Los tres modelos en el informe de marzo de 2019 “no fueron satisfactorios para nuestra coalición”, según Wu. Esperaban incorporar gradualmente la propiedad pública total de la banca municipal, inicialmente comenzando como un banco de préstamos no directos, luego, después de acumular suficiente capital, asumir aproximadamente $11 mil millones anuales en fondos generales de San Francisco.

“El modelo 1 ni siquiera es un banco, y los modelos 2 y 3 suponen que el banco comenzaría de inmediato, de la noche a la mañana, lo que explica los costos de arranque y el cronograma escandaloso para alcanzar el punto de equilibrio”, comentó Wu.

Sushil Jacob, abogado del Comité de Abogados por los Derechos Civiles, explicó por qué la AB 857 fue un primer paso tan crucial: “LA AB 857 proporcionó una vía legal para que la Ciudad solicite una licencia bancaria. Proporciona un nuevo tipo de licencia para bancos de propiedad pública y ciertos privilegios solo disponibles para esos bancos”, explicó Jacob. “Este grupo se crea con el mandato específico de crear un plan de negocios para el banco que eventualmente se presentará a los reguladores estatales y federales para obtener una licencia bancaria. El plan de negocios proporcionará un plan para el banco que incluye: directores y funcionarios; líneas de negocio, planes de gobernanza, lo que permite el aporte de la comunidad, al tiempo que aísla la gestión bancaria de la interferencia política. Este es el papel de la mesa directiva independiente”.

Tanto Jacob como Wu presentaron un Modelo 1.5, que es “un enfoque más gradual”. Esto, a diferencia del enfoque propuesto por los modelos en el primer informe, aliviaría los grandes costos iniciales y haría al banco más sostenible a largo plazo: “Comienza con una corporación financiera municipal no depositaria. Después de que la corporación financiera municipal construye un historial y experiencia en préstamos, solicita una licencia de depósito como banco público”, explicó Jacob.

La propuesta de los miembros de la coalición y defensores está diseñada para minimizar los costos iniciales y al mismo tiempo juntar capital para mantener el banco a largo plazo: “El Modelo 1.5, que estamos proponiendo, comenzaría con inversiones y luego rompería las funciones bancarias de la ciudad con Wall Street durante un período. Esto reduciría el riesgo y los costos iniciales”, dijo Wu.

La banca pública representa un primer paso revolucionario para que los ciudadanos tomen el control de los impuestos y su distribución. Para avanzar significativamente hacia la justicia económica —un gran proyecto que incluye seguro médico y vivienda como un derecho humano— debemos recuperar nuestro control financiero.

Estos son objetivos idílicos a largo plazo, mas no significa que deban descartarse como inalcanzables o políticamente divisivos. Hablar con la gente sobre qué senador apoyó qué proyecto de ley puede ser efectivo, aunque para muchos estadounidenses descontentos, resulta molesto. Para conectar y movilizar a las personas con eficacia, tenemos que acercarnos a ellas mediante líneas económicas, con políticas de primera clase como salida de este mundo infernal en el que nos encontramos. Y poner la banca en manos de la ciudadanía es un crucial primer paso.

En la década posterior al colapso económico, los políticos volvieron a firmar los estragos financieros y la explotación que nos llevaron allí en primer lugar. Nuevamente han renunciado a cualquier poder regulatorio al capital bajo el disfraz de ‘la lógica del mercado’, misma que parece funcionar bien para aquellos en Wall Street y continuamente falla para el resto de la ciudadanía. Si vamos a aprender algo de nuestros errores pasados, con suerte esta lección perdurará. Por trillado y dramático que parezca, hay poco tiempo que perder. Tenemos la opción de iniciar esta larga marcha hacia la equidad y la sostenibilidad, que se presenta en forma de un banco municipal público.

“El último informe del grupo se centró más en el ‘sí’. Con el cambio climático, las viviendas asequibles y nuestra incapacidad para que las ciudades realmente aprovechen los impuestos destinados para el bien público, la conversación sobre ‘sí’ ha terminado”, concluyó Wu.