Bueno, déjenme contarles. ¿Qué tienen en común el estado de Arizona y British Petroleum, la corporación energética global británica?
En primer lugar, ambas han estado arrojando toxinas en el ecosistema desde el pasado mes de abril. En el caso de Arizona, la gobernadora Jan Brewer declaró ley el pasado 23 de abril una medida inconstitucional y racista (SB1070) que criminaliza a trabajadores indocumentados y legaliza los prejuicios raciales hacia los latinos. En lo que se refiere a BP, el pasado 20 de abril, este mamut corporativo, en el más puro estilo drill-baby-drill, ocasionó la mayor catástrofe de vertido de petróleo desde el infame vertido del Exxon Valdez de hace más de dos décadas.
En segundo lugar, ambas han estado utilizando datos terriblemente imprecisos para explicar de manera racional sus alegaciones. Quienes apoyan la ley migratoria de Arizona, por ejemplo, argumentan que ya que los trabajadores indocumentados son los responsables de un “incremento del crimen” en este estado, el gobierno del estado se ha visto obligado a aprobar una ley que restringiera a los así llamados criminales. Sin embargo, reportajes recientes demuestran que de hecho la tasa de crimen ha decrecido en este estado y los que apoyan esta ley draconiana, aún tienen que mostrar datos legítimos que correlacionen a inmigrantes recién llegados con el crimen.
En realidad, los estudios demuestran que los inmigrantes indocumentados cometen menos crímenes por término medio que los estadounidenses nacidos acá, especialmente si se tienen en cuenta la edad, el género y otros factores. Necesitamos comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Por ejemplo, si sabemos que los inmigrantes recién llegados son, por lo general, jóvenes y mayormente varones, no podemos compararlos con los estadounidenses de la misma manera en lo que se refiere al crimen, especialmente al saber que los jóvenes son más proclives a cometer un crimen que otros individuos.
Escribiendo para la revista American Conservative en un ensayo publicado recientemente, Ron Unz hace un trabajo excelente al examinar la naturaleza compleja de los latinos (y otros grupos étnicos) con respecto a las tasas de crimen. Unz analiza evidencias concretas que desacreditan mitos perpetuados por los republicanos y otras personas en este pais, en lo que se refiere a la así llamada amenaza de inmigrantes latinos. A pesar de haber sido un destacado líder en la lucha contra una educación bilingüe en California durante la década de los 90, Unz de hecho utiliza bien su formación educativa en Harvard y Stanford al examinar con minuciosidad la compleja relación que existe entre los diferentes grupos étnicos (incluyendo a los blancos) y el crimen en este país.
En lo que se refiere a BP, cuando estimó inicialmente la magnitud del vertido de petróleo, oficiales de la empresa reportaron mucho menos de la cantidad que se estaba virtiendo diariamente en el océano y, como consecuencia de ello, en las costas de los estados de los EEUU del Golfo de México. Por poner un ejemplo, los oficiales de la empresa, conforme a agencias de prensa, estimaron inicialmente que el vertido estaba arrojando 5.000 barriles (210.000 galones) diarios, mientras que oficiales del gobierno de los EEUU estimaron que eran entre 12.000 y 19.000 (de 504.000 a 798.000 galones). Otros científicos, basándose en la evidencia de las imágenes de video, estimaron que el vertido inicial era de 70.000 a 100.000 diarios.
En tercer lugar, las acciones tomadas tanto por el gobierno de Arizona como por los líderes de la empresa BP han causado más dificultades económicas para los residentes de una región que ya las estaba sufriendo antes de que esto sucediera. En el caso de Arizona, los crecientes boicots nacionales en contra de un estado que está teniendo dificultades financiera, han resultado en una pérdida de rentas públicas (tanto presentes como futuras) que dañará más aún una frágil economía originada por la crisis de la vivienda, el desempleo, la crisis de crédito y la recesión en general.
Este boicot incluye a varias ciudades (y condados) importantes como Los Ángeles, San Francisco y Oakland, que de manera oficial se han manifestado en contra de este estado fascista, además de a innumerables individuos, asociaciones de comerciantes, sindicatos y otras personas que ya han cancelado vacaciones, viajes y reservas de hotel. Estas acciones de talante colectivo representan un duro golpe a un estado que depende mucho de los negocios de fuera del estado y de los turistas, para sustentar las economías locales, especialmente en el turismo donde los hoteles, los spa resorts, restaurantes y tiendas de regalos dependen de gente de afuera para gastar dinero y consumir productos.
En el caso de BP, el masivo vertido de petróleo que aparentemente continuará arrojando petróleo hasta bien avanzado el verano, ha resultado en otro golpe financiero para la economía local de Luisiana, así como para otros estados sureños como Alabama y Georgia.
Luisiana, aún recuperándose del huracán Katrina, y sus residentes en particular, se enfrentan ahora a las consecuencias ecológicas y financieras de este vertido de petróleo que parece no tener fin. Por ejemplo, para aquellos que dependen de las rentas de la industria pesquera, bien sea comercial o deportiva, este vertido petrolero, que no se puede controlar, supone dificultades financieras durante las próximas décadas.
Finalmente, en ambos casos, la administración de Obama ha fallado a la hora de actuar de manera veloz y decisiva para resolver estos desastres causados por el ser humano. En el caso de Arizona, el presidente Obama ha utilizado palabras demasiado afables al condenar esta ley racista.
Cuando un policía racista arrestó al profesor de Harvard Henry Louis Gates Jr. —un reconocido académico afroamericano— en su casa el año pasado, Obama utilizó inicialmente el término “estúpidamente” al referirse al incidente, mientras que al referirse a la racista ley migratoria de Arizona, utilizó la palabra “equivocada”.
Como profesor que era de ley constitucional y, ahora, la persona más poderosa del mundo, Obama debería expresar un punto de vista legal y una condena moral de una ley que nos retrotrae a los días oscuros de Jim Crow de racismo institucional durante la mitad del siglo XX. Aparte de rechazar a la gobernadora Jan Brewer —la versión actual del fallecido gobernador de Alabama George C. Wallace que defendió con vehemencia la segregación— Obama debería tomar una posición firme contra este gobierno paria de Arizona que desprecia un trato humanitario de los inmigrantes y la igualdad racial. Esta ley migratoria no sólo viola la ley federal, por ejemplo, ya que es el gobierno federal el que en última instancia regula la aplicación de las leyes migratorias, sino que también crea una nueva clase de violaciones de los derechos civiles contra un grupo racial en particular en este país: los latinos.
En lo que se refiere a BP, la administración de Obama también se ha demorado demasiado en responder a un vertido de petróleo que está fuera de control. Desde el principio, Obama debería haber estado sobre el terreno para poner presión sobre BP y, por una confluencia particular, debería haber tomado control total de las operaciones para subsanar el vertido (y los activos de la empresa) ya que esta empresa ubicada en Londres no parece ser capaz de detenerlo en breve y puede que se niegue a pagar todos los costos económicos y ecológicos en que ha incurrido. Ésta es la misma corporación que no tenía un plan alternativo en mente para prevenir ni para detener con rapidez un vertido de este tipo. Ésta es la misma corporación que se arriesgó en primer lugar a extraer petróleo a inusitados 5.000 pies de profundidad bajo el agua.
Ésta es la misma corporación que no ha sido totalmente transparente en lo que se refiere a la magnitud de este vertido ni respecto a los peligros a largo plazo del impacto sobre el ecosistema.
De cualquier manera, para ser justo con Obama, este tipo de perforación petrolera submarina es una herencia de la administración amiga de las grandes empresas energéticas de Bush/Cheney. No sólo los republicanos (y ahora los demócratas más conservadores) se han mostrado proclives a la exploración petrolera submarina cueste lo que cueste, sino que también la agencia reguladora responsable de prevenir o minimizar desastres ecológicos de esta magnitud, el así llamado Minerals Management Service, se ha hecho demasiado amiga de grandes empresas petroleras como BP. Conforme a informes de inspección del gobierno de los EEUU, el MMS permitió a BP saltarse 16 inspecciones cruciales desde el mes de enero de 2005.
Puesto en pocas palabras, para detener que se den leyes racistas y vertidos petroleros desastrosos en este país, el gobierno federal, junto con los ciudadanos, necesitan tomar la iniciativa y medidas agresivas para evitar que los gobiernos estatales y los oficiales de grandes empresas arrojen agentes contaminantes en nuestro medio ambiente, resultando en costos desastrosos tanto a corto como a largo plazo.
Álvaro Huerta se está postulando para un doctorado en la Universidad de UC Berkeley, en el departamento de City and Regional Planning. También es académico invitado en el Centro de Investigación de Estudios Chicanos en la Universidad UC Los Ángeles.
—Traducción Iñaki Fdez. de Retana