De la Plaza del Bart de la Calle 16 hasta las calles 22 y Misión, cerca de cien manifestantes marcharon el 23 de agosto protestando por la embestida de los desalojos y el alza en el precio de mercado y, al mismo tiempo, buscando conseguir apoyo para la Propuesta G —una medida que impondría un impuesto en la reventa de edificios de apartamentos de toda la ciudad.
La marcha, organizada por Causa Justa, comenzó en la Misión y paró en los edificios que se han vendido con la intención de convertirlos para otros usos, construyendo luego condominios que superan los 3,000 dólares al mes.
“El precio de la vivienda es increíblemente fuera del alcance de nuestra comunidad, y parte de eso es por la especulación de la vivienda, la compra-venta, la conversión que se ha convertido en una práctica tan común en la ciudad”, dijo María Zamudio, organizadora de la campaña por los derechos de la vivienda en San Francisco con Causa Justa. “Es el núcleo de la crisis de rentabilidad, de la crisis del desalojo”.
Pero los manifestantes que salieron el sábado a las calles tienen la esperanza de que la Prop G, en caso de que los votantes la aprueben en noviembre, pueda detener eso.
“Hay un límite en lo que podemos hacer con las leyes en el Ayuntamiento. Construir movimientos populares más fuertes con Causa Justa y el movimiento del inquilino es la respuesta para proteger a largo plazo a nuestras comunidades”, dijo el Supervisor del Distrito 1, Eric Mar, que aun estando de vacaciones, marchó portando un letrero que decía ‘Personas sin fines de lucro’. “Es terrible lo que está pasando. La gente tiene que estar realmente molesta para intentar cambiarlo”.
La medida contra la especulación impondría un impuesto dentro de cinco años sobre el precio de venta de aquellas propiedades a las que luego cambian su uso. Un edificio en compra-venta estaría sujeto, dentro de un año, a un impuesto del 24% sobre su precio de reventa. Ese impuesto podría disminuir cada año hasta al quinto año final.
Según Zamudio, un apartamento de un dormitorio en la Misión actualmente cuesta $3,250 al mes. Ese ritmo costoso, dijo Zamudio, es el resultado directo de la onda de aburguesamiento que ha golpeado a la Misión durante los últimos dos años y medio, y que desde hace mucho tiempo ha desplazado a muchos residentes.
“Los valores de propiedad en los barrios de clase obrera de color son menos caros que en otros lugares. Así que si soy una aleta de casa y quiero hacer más dinero de mi inversión, entonces voy a comprar en la Misión”, dijo Zamudio. “Es esa la mentalidad. Es la eliminación sistemática de personas de clase obrera de color de sus barrios históricos”.
Pero en medio de los cantos frustrados de ‘Hogares para todos’ y ‘Desalojos, ya basta’, gente desplazada e inquilinos próximos a ser desalojados compartieron sus historias. A Berta Mosqueda, quien había visto a sus hijos crecer en su hogar en las calles Folsom y 24 durante los últimos 28 años, le ofrecieron $5,000 dos meses antes que el duplex que rentaba fuera vendido. Ella no sabe lo que el nuevo propietario planea hacer con la propiedad que todavía ocupa.
“No quiero dinero. Solamente quiero estabilidad. Quiero vivir en paz”, dijo Mosqueda. “Para ir a buscar otro lugar, yo sola… No tengo para pagar tanta renta”.
María Medrano, quien fue desalojada de su casa ubicada en el 928 de la calle Capp después de haberle pedido al propietario hacer reparaciones, está viviendo en un camión con su marido. Dijo a los manifestantes afuera de los apartamentos de Cushman y Wakefield, en las calles 19 y Valencia, que llamó al edificio preguntando por una unidad de vivienda. En respuesta, le dijeron que “gente como ella” no era bienvenida a vivir en el edificio.
La marcha terminó en las oficinas de Kaushik Dattani, un propietario que ha estado comprando y vendiendo múltiples propiedades en la Misión. Pero los inquilinos de una de esas propiedades ubicada en las calles Folsom y 20, han luchado.
Patricia Kerman y su compañero Tom Rapp han estado luchando contra Dattani desde febrero del año pasado cuando los amenazó con desalojo. En agosto de 2013, Dattani había nivelado al par con el desalojo del Ellis acto, pero como Kerman es un adulto mayor, a los inquilinos les fue concedida prórroga de un año, extensión que terminó el 27 de agosto.
“Queremos que Dattani quite el desalojo de la mesa”, dijo Kerman a la multitud de manifestantes que dejaron mensajes escritos en globos y carteles. “Esto es más que nosotros… esto es sobre la ciudad de San Francisco. Ellos están tratando de destruir la ciudad que me encanta”.